Durante la campaña, el exalcalde de Davao, Rodrigo Duterte, prometió acabar en seis meses con el tráfico de droga y el crimen que carcome el archipiélago de Filipinas matando, si hiciera falta, a miles de delincuentes.

No ha alcanzado su meta, pero desde su investidura como presidente hace un mes se ha desatado una espiral de violencia con cientos de personas muertas a manos de la Policía o de civiles convertidos en justicieros con la bendición del presidente.

Una imagen resume los abusos. Bajo los focos de las cámaras de televisión y la mirada horrorizada de personas agrupadas detrás de las cintas amarillas de la Policía, una mujer en cuclillas abraza en una calle el cadáver de su marido. Lo acababan de matar unos desconocidos.

«Mi marido era inocente. Nunca ha hecho daño a nadie», declaró una semana más tarde Jennilyn Olayres. Michael Siaron tenía 30 años y era conductor de taxi-triciclo.

Los responsables de su muerte lanzaron cerca del cadáver un trozo de cartón en el escribieron: «vendedor de droga».

Parodia de «La Pietà»

Las cifras difundidas esta misma semana por la Policía informan de 756 personas sospechosas de narcotráfico muertas desde la investidura de Duterte el pasado 30 de junio. El balance no incluye los ejecuciones cometidos por civiles.

La principal cadena filipina, ABS-CBN, da cuenta de casi 2.000 muertos desde la elección de Duterte en mayo, buena parte a manos de hombres armados desconocidos.

Unas cifras que sugieren un incremento de los homicidios cometidos –de forma legal o no– por las fuerzas de seguridad desde que el presidente asumió el cargo.

Las redadas policiales contra presuntos refugios de traficantes de droga provocan muertos cada noche. Las autoridades filipinas afirman que todos los sospechosos fallecidos estaban armados y opusieron resistencia a su arresto, por lo que se vieron «forzados» a disparar.

También se ha disparado el número de ejecuciones cometidas por civiles, algunas en plena calle. Otras veces aparecen cadáveres en terrenos baldíos con cinta adhesiva en la cara y un cartel a su lado acusándolos de tráfico de estupefacientes.

A finales de julio, Duterte defendió por enésima vez la intolerancia ante el crimen, un principio repetido hasta la saciedad durante su campaña electoral.

Y mencionó la fotografía que ilustra el dolor de Olayres por el muerte de su marido. «Es una parodia de “La Pietà”», dijo, refiriéndose a la escultura de Miguel Ángel en la que la Virgen María sostiene en sus rodillas el cuerpo de Jesucristo.

Siaron había votado por Duterte

«Y aquí estás, muerto y retratado en un periódico como la Virgen María acunando el cadáver de Jesucristo», ironizó el presidente.

Siaron fue acusado de ser un narcotraficante, pero su tren de vida distaba mucho del de un barón de la droga. Vivía con su esposa en un tugurio encaramado a unos postes con vistas a una alcantarilla.

«A veces intentábamos voluntariamente acostarnos tarde para no tener que preocuparnos más que del almuerzo y de la cena», aseguró ella a la agencia France Presse antes del funeral de su esposo.

Michael Siaron –añadió Jennilyn Olayres– forma parte de los 16 millones de filipinos que votaron por Duterte.

La ola de violencia ha llevado a decenas de miles de consumidores o de pequeños traficantes de droga a entregarse a las autoridades locales. Según la Policía, lo han hecho 670.000 personas.

Muchos todavía llevaban puestos los brazaletes con el nombre de Duterte distribuidos de forma masiva.

El presidente dijo que le «da igual» el número de personas que hayan muerto desde que lanzó su campaña contra el crimen y las drogas. Explicó que esa lucha es necesaria porque, en los últimos tres años, el número de adictos a los estupefacientes en el país se ha incrementado en 700.000 personas, hasta los 3,7 millones, y porque las drogas «destruyen familias».

«Odio matar a seres humanos (…) Pero tengo que hacer algo», afirmó Duterte, que goza de una enorme popularidad (91%, según los sondeos), la más alta recibida jamás por un jefe de Estado filipino. «No destruyáis mi país porque os mataré. No vamos a parar hasta que el último capo de la droga o el último traficante esté entre rejas. O bajo tierra, como ellos prefieran», insistió.

El 21 de agosto amenazó con sacar a su país de la ONU después de que expertos en derechos humanos del organismo exigieran a Manila que frene sus métodos expeditivos contra el narcotráfico, que incluyen la «incitación al asesinato» de presuntos implicados en el tráfico ilegal. Tras tildar de «estúpidas» las críticas de esos especialistas, calificó a Naciones Unidas de «inútil».

Duterte advirtió: «Si la ONU dice una cosa mala sobre mí, yo puedo decir diez cosas malas sobre la ONU», al mencionar el fracaso de la organización en la lucha contra el hambre, el «terrorismo» y los conflictos armados. Y adelantó que en caso de sacar a su país de la ONU convocaría a China y a los países africanos para crear otro organismo de carácter global.