Mañana tendrá lugar en Baiona una velada informativa y de solidaridad con Jon Palais, que incluye una conferencia en la que intervendrán el propio militante de Bizi! y Julien Bayou, autor del libro “Kerviel: une affaire d’Etat, 2 milliards pour la société en général”. En el marco de esta misma campaña, el sábado, en el cine Itsas Mendi de Urruña, se proyectará el film “Evasion Fiscale, le hold-up du siècle”, contando con la presencia de su realizador, Xavier Harel.

Esta entrevista a Bayou ha sido realizada por “Enbata-Alda!” y traducida por GARA.

¿Cuáles son las consecuencias de la evasión fiscal sobre los presupuestos del Estado y sobre la democracia?

Por decirlo sencillamente, si una persona o una empresa no paga la parte que le corresponde, el presupuesto del Estado no estará equilibrado, tendremos más gastos que ingresos, es decir, que habrá déficit y tendremos que endeudarnos. Entonces, podemos encontrar dos malas soluciones para arreglar esto: o se nos menguan a todos los servicios públicos, porque hay menos dinero para pagar las carreteras, los trenes, las escuelas, los funcionarios, los policías, los magistrados, los enfermeros... o se aumentan los impuestos a quienes sí los pagan para hacer frente a los gastos contraídos.

Es un problema para el Estado y, sobre todo, una catástrofe para nuestra democracia, que descansa sobre un pilar esencial que denominamos el «consentimiento al impuesto». Este consentimiento es lo que distingue a la democracia del Antiguo Régimen y sus arbitrarios gravámenes. Es más, encontramos este principio en el Artículo 14 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: «Los ciudadanos tienen el derecho de comprobar, por sí mismos o a través de sus representantes, la necesidad de la contribución pública, de aceptarla libremente, de vigilar su utilización...». O sea, yo, Julien Bayou, acepto pagar mi justa parte del impuesto porque confío, por un lado, en que este dinero será bien utilizado y, por otro, en que mis conciudadanos contribuyen equitativamente en la medida de sus posibilidades. Si esta confianza se debilita, es la sociedad en su conjunto la que se desmembra.

Desgraciadamente, desde hace unas décadas se suceden en el poder gobiernos que, asumiendo la idea del «impuesto vergonzoso», no cesan de reducir la progresividad fiscal: cuando se bajan los impuestos, cuando se crea un nuevo nicho fiscal, a menudo son los más ricos quienes se aprovechan de ello.

Por lo tanto, el Estado se endeuda y las clases populares o las clases medias pagan proporcionalmente cada vez más, especialmente cuando se «compensa» la bajada del impuesto sobre la renta con la subida del IVA, que afecta a todo el mundo en la misma medida y, así, golpea proporcionalmente más a los más pobres.

¿Qué pueden hacer las ciudadanas y los ciudadanos para cambiar la situación sabiendo que el departamento de regularización del Ministerio de Finanzas no recupera más que de 2.000 a 3 .000 millones de euros por año mientras que, en 2008, el Tribunal de Cuentas estimó el fraude fiscal en un montante anual de 30.000 a 40.000 millones de euros?

Tenemos que insistir en que el dinero que necesitamos está disponible a condición de que se ataje de verdad este fraude fiscal. Cada vez que un político nos dice “no hay dinero” –en general para la transición ecológica o para los servicios públicos, ya que siempre lo encuentran para los bancos, las nucleares o los grandes proyectos inútiles–, debemos repetir, como se hizo durante el movimiento “Nuit debout”: «¡hay dinero, está en las cajas fuertes de Panamá! ¡Luchen ustedes contra el fraude y restablezcan la igualdad en los impuestos!». La evasión fiscal cuesta 1.000 euros por año a cada francés. Y cada año nos anuncian que las arcas del Estado están vacías, mientras que los márgenes de maniobra presupuestaria son engullidos por estos regalos fiscales sin contrapartida que, alimentando la renta, frenan la innovación y la transición hacia ese país de justicia y de prosperidad que, sin embargo, sí está a nuestro alcance.

En 2013, usted interpeló al Ministerio de Economía (al recurrir al Tribunal Administrativo) sobre las condiciones del reembolso por parte del Estado de 1.700 millones de euros al banco Société Générale. ¿Puede decirnos más sobre este asunto que ha analizado en su libro?

Con el denominado “caso Kerviel”, del que todo el mundo ha oído hablar, tengo la sensación de que hemos llegado a la caricatura de la desigualdad ante los impuestos. Si usted o yo decidimos restar algunos miles de euros en nuestra declaración de impuestos, tendremos que convencer al fisco con buenos argumentos y apelando al sentido de la justicia; y si no lo hacemos así, nos exponemos a un castigo ejemplar. Y eso está bien.

Pero nada de eso vale para un contribuyente como Société Générale: cuando suprime 2.200 millones de su declaración de impuestos invocando la estafa de la que dice haber sido víctima, Bercy (sede del Ministerio de Finanzas) no dice nada, incluso le da ánimos. Por eso digo que se trata de una cuestión de Estado.

Para que un banco pueda hacer “el robo del siglo” –30 euros por cada francés– es necesario tener cómplices en las altas esferas. En este caso, se trata de los gabinetes de (Christine) Lagarde y (Éric) Woerth, que aceptaron este crédito fiscal cuando la Justicia aún no se había pronunciado sobre las responsabilidades del banco y su antiguo bróker (Jérôme Kerviel). Hubo que esperar hasta setiembre pasado para que la Justicia dictaminara: Kerviel engañó, pero el banco es el principal responsable de sus pérdidas. Por lo tanto, no tenía derecho a este regalo fiscal, y ese dinero debe ser devuelto a los franceses.

Yo acuso a los “responsables” de mi país, tanto a los de derecha como a los socialistas, de haber mirado para otro lado pudorosamente mientras el banco se tragaba impunemente estos 2.197 millones regalados sin justificación alguna cuando, al mismo tiempo, multiplicaban las medidas de austeridad y los recortes de servicios públicos de una sociedad en crisis crónica, azotada por el desempleo masivo y la exclusión.

El secretismo que ha rodeado a este asunto perdura desde 2012. Es por ello que he recurrido a estas vías administrativas: para aclarar este caso y forzar a nuestro ministro a hacer su trabajo y recuperar este dinero. Parece que esta presión funciona: después de haber sido desairado durante tanto tiempo, incluso tergiversado tras la decisión del pasado setiembre, finalmente Bercy ha iniciado un proceso para recuperar la suma. La vigilancia sigue siendo necesaria ya que la dilación de (Michel) Sapin y el conflicto de intereses en el que está inmerso su director de gabinete (exjefe de un banco de inversiones de Société Générale) no incitan a la confianza. Pero gracias al recurso que he introducido, si Bercy lo sigue postergando, el Tribunal Administrativo de Apelación podría obligar pronto al Ministerio de Finanzas a recuperar el dinero.

Evidentemente, con este tipo de iniciativas no se hacen solo amigos. Pero sé que puedo contar con el apoyo de todos aquellos que rechazan los conflictos de intereses endémicos de nuestra democracia y el respaldo ciego al crecimiento y a los grandes grupos [económicos]. En mi libro “Kerviel, asunto de Estado” formulo algunas propuestas para desintoxicar las finanzas y nuestra democracia, medidas que no necesitan más que un poco de voluntad y el coraje de oponerse a los potentados del dinero.

Jon Palais, militante de Bizi! y de ANV-COP21 está citado en el Tribunal de Dax el 9 de enero a raíz de una acción no violenta de desobediencia civil por «requisa ciudadana de sillas» en un banco que facilitaba la evasión fiscal. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos cuando la legalidad se antepone a la legitimidad?

Apoyo totalmente la iniciativa de Jon y de los militantes de Bizi! y de ANP-COP21. Firmé el llamamiento inicial a “birlar” sillas en favor del clima en setiembre de 2015 y yo mismo acabé en la comisaría de Lyon tras haber “levantado” las de una sucursal del banco HSBC, sospechoso de complicidad en la evasión fiscal. Recuerdo que entonces dije a los policías que me parecería bien ser detenido si el patrón de HSBC también lo era. Todavía estamos esperando que eso ocurra. La movilización da resultados: gracias a los que han alertado de todo esto y a la movilización ciudadana, BNP ha anunciado el cierre de sus filiales en las islas Caimán. Pero, por ahora, los bancos siguen esquivando su responsabilidad. Gracias a la labor de la plataforma “Paraísos fiscales y judiciales”, sabemos que BNP y Société Générale obtienen más del 30% de sus beneficios en los paraísos fiscales. Ahora, por denunciar, junto a otros, este escándalo, Jon corre el riesgo de ser condenado. Tenemos que enseñar músculo: el 9 de enero, hagamos nuestro propio juicio a la evasión fiscal.