El juicio por la denuncia de torturas de Sandra Barrenetxea, que como se adelantó anteayer tendrá lugar en marzo en Bilbo, contará con una sola acusación: la representación jurídica de la propia joven. La Fiscalía ha decidido no actuar pese a la gravedad de lo imputado.

El escrito firmado por la fiscal Marta Isabel Fernández Fernández se limita a indicar que «los hechos narrados no son constitutivos de delito ni falta algunos» y que en consecuencia «sin delito ni falta, no hay autor». El Ministerio Público sí acusó por torturas a algunos de los guardias civiles en la última vista oral de este tipo celebrada en Euskal Herria, en el año 2010 por el caso de Igor Portu y Mattin Sarasola.

Por contra, la acusación particular reclama nada menos que 19 años de prisión para cada uno de los cuatro guardias civiles: dos de ellos se encargaron de Sandra Barrenetxea en los calabozos de Bilbo y los otros dos en los de Madrid. Más de la mitad de esta demanda (diez años) corresponde a una imputación de «agresión sexual», seis más a «torturas» y tres a «lesiones».

Los hechos ocurrieron en tres días de setiembre de 2010. Barrenetxea fue detenida junto a ocho personas más, acusadas de pertenecer a Ekin. Su arresto se produjo concretamente en Bilbo a las 3.05 de la madrugada del día 14. Tras un registro en Donostia, se le llevó de nuevo a Bilbo y de ahí a Madrid. Según explica la acusación en su escrito, en el traslado empezaron los tormentos, muchos de ellos de contenido sexual: «Durante el viaje le amenazaron, golpearon, empujaron, insultaron, le levantaron la camiseta dejándole los pechos descubiertos y le bajaron los pantalones y las bragas hasta los tobillos por la fuerza, llegando a romperle los pantalones. También le realizaron el método de ‘la bolsa’ en dos ocasiones y le pusieron una pistola en la mano derecha diciendo que era una pistola ‘huérfana’» (dando a entender que con ella se habían cometido atentados no imputados a nadie).

Ya en la Dirección General de la Guardia Civil, sita en la calle Guzmán el Bueno (Madrid), Barrenetxea denuncia que sufrió varios interrogatorios ilegales, en los que se produjeron golpes, empujones, insultos, gritos, aplicación de «la bolsa», obligación de realizar ejercicios físicos y mantener posiciones forzadas, y también tocamientos de carácter sexual. En un momento dado «le obligaron a poner la parte superior del cuerpo sobre una mesa, con el trasero hacia fuera, y le dijeron que la iban a violar. Le echaron agua entre las piernas y le rozaron el culo con una cuerda». En otras ocasiones se le echó agua por la cabeza para impedirle dormir.

Los golpes, propinados con la mano abierta, no dejaron marcas, pero sí le provocaron dolor de cuello, sigue la acusación. Barrenetxea padeció otras consecuencias físicas como agujetas y dolor de hombros y trasero por las posturas forzadas. Pero sobre todo daños emocionales: «Pesadillas, malestar a la exposición, hipervigilancia, sobresalto, ansiedad...», enumera la acusación. Ello agrava el cuadro de estrés postraumático que ya presentaba en 2007 tras una detención anterior. En consecuencia, está en tratamiento sicológico continuo desde 2013, tras salir de prisión. El proceso a estas nueve personas se cerró en mayo del pasado año mediante un acuerdo con las acusaciones y Barrenetxea no volvió a pisar la cárcel.

Lo denunció en su momento

El relato de hechos de Barrenetxea es detallado. Recibió hasta nueve visitas de distintos forenses, tanto en Bilbo como en Madrid y una última en la Audiencia Nacional. Tanto la Fiscalía como la acusación particular han solicitado que estos médicos testifiquen en la vista.

En las fases de la detención en que fue maltratada, Sandra Barrenetxea fue informando de ello al forense que la visitaba. Y también dejó constancia del trato al instructor de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, que no obstante decretó su encarcelamiento.

La acusación particular ha reclamado que en el juicio declare además el resto de detenidos en esta redada, así como otros agentes que participaron en el operativo. Y en la vista oral se pondrá sobre la mesa el Protocolo de Estambul que mide la credibilidad de las denuncias de torturas, dado que el caso de Barrenetxea fue uno de los analizados por este método y constatados como ciertos.

Víctimas de la tortura piden al Gobierno de Nafarroa que investigue todos los casos

«Tiene que ser el Gobierno de Nafarroa quien ponga en marcha los mecanismos necesarios para que se reconozca la verdad de la tortura y su carácter generalizado a lo largo del tiempo, y con ello, el reconocimiento como víctimas de quienes la hemos padecido». Esta es la petición que hicieron ayer seis ciudadanos navarros, tras recordar que en Nafarroa ya se han documentado 600 casos de torturas «y parece que van a superar con creces el millar».

Según explicaron en rueda de prensa, cada uno de los seis ha sufrido torturas en una década distinta, y algunos incluso en más de una década y en dos generaciones de una misma familia, como es el caso de Elías Anton y su hija Goizeder. «Esta violencia que nosotros hemos sufrido ha sido sistemáticamente negada, silenciada y ocultada por los diferentes poderes del Estado», constataron.

A este respecto, los comparecientes señalaron que «cientos o incluso miles de personas de Nafarroa han pasado no solo por la crueldad de la tortura, sino por la aún más dura crueldad de la negación, la ocultación y la impunidad de la tortura y sus responsables».

Por ello, pidieron al Gobierno que investigue todos los casos, y a las personas torturadas en Nafarroa que aporten sus testimonios en la Dirección de Paz, Convivencia y Derechos Humanos. Iñaki VIGOR