Cientos de personas se manifestaron ayer al mediodía por la Gran Vía, en Bilbo, para exigir al Gobierno foral que preside Unai Rementeria que «asuma la responsabilidad que le corresponde» en el conflicto de las residencias concertadas, ya que «los derechos no caducan con la edad».

La movilización, convocada por la plataforma de familiares de usuarios de residencias Babestu y Pentsionistak Martxan de Bizkaia, arrancó pasadas las 12.30 desde el Sagrado Corazón para finalizar ante el palacio de la Diputación tras recorrer la Gran Vía, portando algunas de las participantes paraguas como símbolo de protección.

La marcha contó con la participación de las trabajadoras de residencias de Bizkaia que el viernes acordaron en asamblea convocar otras cuatro semanas de huelga a partir del 8 de marzo, en demanda de la mejora de sus condiciones laborales y de la calidad asistencial que se presta a los usuarios. En la manifestación estuvieron presentes la totalidad de los sindicatos, ya que nueve centrales se habían adherido a la convocatoria, además de la Carta Social de Euskal Herria y otros agentes sociales y políticos.

Con gritos como «Diputación asume tu función», «las patronales no cambian los pañales» o «la desatención es dejación», los manifestantes reclamaron a los responsables forales el fin del conflicto de las residencias y advirtieron de que la solución «requiere de voluntad política». «En la medida en que la Diputación se ponga a hablar con los trabajadores y la patronal, hay margen suficiente como para llegar a un acuerdo. Falta voluntad política», destacaron desde Pentsionistak Martxan.

Asimismo, desde la plataforma de familiares de usuarios de residencias Babestu subrayaron la necesidad de «mejorar los ratios personal/residentes», y defendieron que «los recursos materiales deben ser mucho más generosos». La iniciativa nacida entre personas que conocen de primera mano la situación de las residencias concertadas señala que «el esfuerzo de la gente que trabaja en las residencias no puede mantenerse al límite... Debe haber tiempo para una relación humana».

«La Diputación debe tener medios para buscar soluciones que no eternicen el conflicto. No basta que, ante la exigencia de más personal, diga que el ratio de residentes/personal laboral está establecido por el Gobierno autonómico, o que el tema salarial es exclusivamente un tema entre empleadores y empleadas. La Diputación es quien ha hecho esas privatizaciones, pero no puede hacer dejación de su responsabilidad ante la sociedad», incidieron.