«El Pilar Social estaba entre mis diez prioridades para el mandato. Es una larga lista de convicciones y principios, pero no quiero que lo que acordemos sea considerado un poema. Necesitamos un plan de acción», dijo Jean-Claude Juncker al inicio de la cumbre de la UE en la ciudad sueca de Gotemburgo. El presidente de la Comisión Europea manifestó ante los jefes de Estado y de Gobierno, así como ante sindicatos y patronales, que ahora «que soplan vientos favorables para la economía, es el momento de cuidar también la Europa social».

Esta Carta Europea de Derechos Sociales se ha redactado como una compilación de principios laborales y de igualdad de oportunidades que, según aseguran los mandatarios de la UE, son «estándares europeos», aunque sin desarrollo concreto ni normas vinculantes derivadas, lo que ha levantado muchas críticas tanto entre los sindicatos como entre otras organizaciones ciudadanas.

Además, es lógico desconfiar de las intenciones reales de las autoridades de los Veintiocho cuando este «cuarto pilar» ni siquiera estaba contemplado en el Tratado de Maastricht, adoptado allá por 1992, hace 25 años. Entonces, el diseño de la UE se representaba como el frontón de un templo griego basado solo sobre tres pilares: el de las Comunidades Europeas; el de la Política Exterior y Seguridad Común; y el de Cooperación Policial y Judicial en materia penal.

Realidades dispares

Para pasar al «plan de acción» que planteó ayer Juncker es necesario conocer una realidad social que dista mucho de ser homogénea. Y para ello ni siquiera es necesario recurrir a las estadísticas; basta con viajar un poco por el Viejo Continente o con recibir con los oídos abiertos a las personas migrantes que lo cruzan, generalmente, de este a oeste y de sur a norte.

No obstante, las cifras, una vez analizadas sin intención de manipularlas a gusto de cada cual, también pueden dar una imagen nítida de lo que sucede en la vida cotidiana a lo largo y ancho de la Unión.

Esta misma semana, la Fundación Bertelsmann ha publicado el “Índice de Justicia Social 2017”, en el que se analiza un total de 38 criterios sociales y económicos, que son agrupados en seis apartados: prevención de la pobreza, educación, mercado de trabajo, cohesión social y no discriminación, salud y justicia intergeneracional.

Como se observa en el gráfico anexo, esta clasificación vuelve a estar liderada por los países nórdicos, con Dinamarca, Suecia y Finlandia ocupando los tres primeros lugares y con unas notas globales –por encima del 7– que prácticamente doblan las de Grecia y Rumanía –que no alcanzan el 4–. El estudio concluye que la recuperación de los mercados laborales ha generado un «claro repunte» de la justicia social en los Estados miembros y que es el «motor principal» de la mejora en las oportunidades de participación, pero también que se avanza a dos velocidades.

La brecha entre el norte y el sur de Europa sigue siendo grande y en los estados del sur en crisis «niños y jóvenes continúan estando en un importante riesgo de pobreza y exclusión por encima de la media».

El estudio se centra en la etapa de «la brutal recesión», es decir desde 2008 hasta este 2017.