Pese a los informes de la propia Audiencia Nacional que son taxativos sobre el riesgo de fallecimiento de Ibon Iparragirre, la pelota sigue pasando de lado a lado entre instancias como el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias dependiente del Gobierno español (y la cárcel de Alcalá-Meco en concreto). Mientras se espera un tercer y definitivo diagnóstico médico que pueda provocar la esperada excarcelación, se ha conocido ahora un escrito de mediados de octubre en el que Instituciones Penitenciarias recuerda al juez central José Luis Castro que es precisamente él quien puede suspender la condena del preso, al amparo del artículo 91.3. Es lo que se ha hecho hace unos meses en el Estado español con el hernaniarra Jesús Mari Maiezkurrena o en el francés con Oier Gómez, ambos por enfermedad.

La respuesta de Instituciones Penitenciarias obedece al hecho de que el juez Castro había desplazado la responsabilidad de un dictamen definitivo a los servicios médicos de la cárcel de Alcalá-Meco, y ello pese a disponer previamente de un informe de los forenses de la AN que subrayaba las escasísimas defensas que tiene el preso, enfermo de Sida.

Los tres eran dermatólogos

Tras este cruce de misivas, ya era conocido que Castro ha pedido un tercer informe médico que presenta como definitivo para resolver, para lo que pidió nombres al Colegio de Médicos de Madrid. También aquí se ha producido una circunstancia deplorable e ilustrativa de la actitud oficial con Iparragirre. Los tres nombres aportados eran dermatólogos, por lo que, tras la protesta de la defensa, Castro ha tenido que repetir el procedimiento.

Ahora sí se dispone de una lista de especialistas en VIH, que está formada por una docena de profesionales. Solo este último trámite ha demorado dos semanas el proceso, cuando a tenor de los diagnósticos médicos existentes cualquier complicación de salud –un mero catarro– podría resultar letal para Iparragirre.

El cuadro final actual es este: el juez Castro espera al dictamen de un médico de esa lista de doce para tomar una decisión definitiva. No obstante, en otro auto paralelo ha instado a adelantar los trámites para su libertad condicional o incluso suspensión de condena si la situación empeorase. Y es precisamente esto último lo que implícitamente le invita a hacer Instituciones Penitenciarias, que mientras tanto tampoco ha facilitado la resolución desde la cárcel de Alcalá-Meco.