Durante las últimas décadas ha perdido peso la economía productiva y ha ganado poder el capital financiero. La apertura del mercado ha dado alas al dinero, que pasa fronteras y busca cobijo en los denominados paraísos fiscales. Lugares como las Islas Caimán, Singapur, Londres, Holanda, Delaware o Malta, por citar solo algunos ejemplos, donde tienen su capital empresas y personas con grandes fortunas que no están dispuestas a pagar impuestos. Algo que tiene graves consecuencias, tal como alertó ayer el economista e investigador Sergi Cutillas, que participó en la Conferencia Internacional sobre Fiscalidad organizada por EH Bildu en el Palacio Europa de Gasteiz.

Cutillas destacó que la evasión fiscal perjudica al sistema de bienestar ya que provoca un aumento de la desigualad y repercute en el crecimiento económico. Además, la menor recaudación genera déficit, lo que se traduce en un mayor endeudamiento. Un argumento empleado por la derecha para justificar la austeridad e imponer unos recortes que se ceban con las rentas de trabajo, que pagan IRPF y aportan a las arcas públicas a través de los impuestos indirectos. Y la pregunta del millón es: ¿qué se puede hacer para corregir esta situación?

«La solución más común es echar mano de la Tasa Tobin, aplicando un impuesto sobre las transacciones financieras, lo que reduciría la volatilidad y la especulación. Pero no es suficiente. Necesitamos cambios estructurales, más profundos. Tenemos que utilizar el Legislativo para prohibir las transacciones de derivados financieros, legislar las transferencias que se hacen dentro de los grupos empresariales y usar el Big Data para tener información sobre las empresas, establecer cuáles son las estructuras de costes y así saber si están evadiendo», remarcó. Y propuso la creación de un tipo impositivo sobre la facturación que cada compañía tenga en un territorio, así como un incremento de los impuestos a los bienes de lujo, como pueden ser los yates o los aviones privados.

Impuesto de Sucesiones

Una idea compartida por la secretaria de Estado de Finanzas de Brandeburgo, Daniela Trochowski, que planteó un impuesto indirecto dirigido al consumo de artículos de lujo. «Es una forma indirecta del Impuesto a Grandes Fortunas», señaló tras censurar que los indirectos, como el IVA, no son trasparentes y penalizan a todos los consumidores, independientemente de sus recursos. A este respecto, afirmó que sería mejor establecer o mejorar mecanismos que favorezcan la redistribución de la riqueza, como el Impuesto de Sucesiones.

«Si luchamos contra la concentración de patrimonio, el Impuesto de Sucesiones juega un papel muy importante», señaló Trochowski, quien considera que las herencias «crean disparidad desde el nacimiento». «Y creo que esta disparidad material se puede combatir o reducir a través del Impuesto de Sucesiones, que va dirigido contra quienes tienen mucho patrimonio y muchos ingresos», añadió antes de explicar que plantea este cambio «para que las nuevas generaciones no salgan de partida con una distribución tan desigual de la riqueza».

Pero no será fácil que el Estado federal de Brandeburgo, en el oeste de Alemania, pueda ampliar este impuesto. Primero, porque la reforma del mismo genera un amplio rechazo entre la población –el 75% de los alemanes está a favor de que las propiedades se queden dentro de la familia–; y, segundo, porque el Ejecutivo de este land no puede modificar las normas fiscales, solo puede recaudar. «No tenemos capacidad legislativa, no tenemos ni voz ni voto en materia fiscal. Vosotros estáis más avanzados, tenéis competencias. Nosotros tenemos las manos atadas», indicó.

Es cierto, las haciendas forales pueden legislar algunos impuestos directos, pero no tienen competencias en Seguridad Social ni en cotizaciones sociales. «Y en impuestos indirectos nuestra competencia es muy limitada, no los podemos regular», precisó la exdiputada de Hacienda Helena Franco, que la pasada legislatura impulsó una política fiscal progresiva en Gipuzkoa. EH Bildu puso en marcha un Impuesto sobre las Grandes Fortunas, recuperó el Impuesto de Patrimonio, diseñó nuevas medidas para garantizar que las rentas de capital cumplían con sus obligaciones tributarias e introdujo cambios en el Impuesto de Sociedades (ese que ahora se empeñan en retocar PNV, PSE y PP).

Estos cambios tuvieron una incidencia positiva en la recaudación pero se toparon con una resistencia política, empresarial y mediática que se materializó en la «contrarreforma» fiscal de 2013. «¿Y dónde estaban nuestros apoyos?, ¿dónde estaban los movimientos sociales y los representantes de los trabajadores?, ¿dónde estaba el pueblo?», preguntó Franco, que advirtió de que «las políticas transformadoras necesitan el apoyo de la ciudadanía».

Fiscalidad verde

Entre estas políticas transformadoras se puede incluir la fiscalidad verde, defendida por el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Vigo Alberto Gago. Este habló de la posibilidad de impulsar una reforma fiscal verde «incorporando nuevos impuestos ambientales y específicos, y tratando de corregir los vigentes». Presentó las experiencias que se han realizado en el Estado francés, en Canadá y en Suiza, donde se gravan las emisiones de gases de efecto invernadero. También citó algunas de las medidas puestas en marcha en Portugal, un país que cuenta con incentivos fiscales para la financiación propia de las empresas, lo que «ha sido crucial para promover las inversión» y ha generado un «compromiso» empresarial.

No se debe confundir este tipo de incentivo con la bajada de tipos que proponen algunos dirigentes vascos, que quieren utilizar los impuestos para ganar competitividad, algo que, en opinión de Sol Picciotto, profesor de la Universidad Lancaster, «socaba la soberanía». A su parecer, utilizar la política fiscal para atraer empresas puede perjudicar a las empresas locales y a los trabajadores. Sin contar los efectos legales que puede tener. Basta con recordar lo ocurrido con las “vacaciones fiscales vascas” o la sanción impuesta por Bruselas a Apple, a la que exige la devolución de 13.000 millones de euros por haberse beneficiado entre 2003 y 2014 de rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno de Dublín. Este último caso fue recordado por Emma Clancy, responsable política de GUE/NGL en la comisión de los Papeles de Panamá en el Parlamento Europeo, que reclamó una mayor participación de las entidades supraestatales, como la ONU, para hacer frente a la evasión fiscal.