La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha rechazado el recurso interpuesto por Inverlur, sociedad inmobiliaria de Kutxa, contra la protección medioambiental que impide edificar en la zona de La Zerrichera, un terreno que la caja guipuzcoana adquirió en 2006 por 128 millones de euros (con un primer adelanto de 55 millones). La entidad tenía previsto construir ahí un resort de lujo compuesto por 4.000 viviendas, un hotel y un campo de golf. Sin embargo, el proyecto fue paralizado después de las denuncias de grupos como Anse (Asociación de Naturalistas del Sureste) o Ecologistas en Acción. Finalmente, el Gobierno de Murcia terminó rectificando el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) y restaurando, a través de un decreto aprobado en 2010, la protección de la zona. Una decisión contra la que alegó la caja guipuzcoana, que trataba de que la Justicia volviese a calificar el terreno como urbanizable. Tras el revés del juez, Kutxa, y ahora a Kutxabank, son propietarios de un espacio de 240 hectáreas que se incluye dentro de una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

El auto, fechado a 4 de julio, argumenta que prevalece «sin duda alguna» el interés medioambiental frente al urbanístico, por lo que rechaza la pretensión de Kutxa de anular el decreto de 2010, afirmando que la construcción de viviendas resultaría «incompatible» con la protección natural. Tampoco estima la reclamación de costas de la caja guipuzcoana, que alegaba «temeridad y mala fe» por parte de la administración murciana.

Fuentes de Kutxabank señalaron ayer que la operación, al corresponder a la etapa de Kutxa, ya había sido incluida dentro del balance de pérdidas, por lo que el fallo no tendrá impacto en las cuentas actuales.

Entretanto, Pedro García, miembro de Anse, uno de los colectivos que interpuso la denuncia que paralizó el plan, valoró que «se trata de una sentencia muy importante. Demuestra lo que venimos denunciando las organizaciones de defensa de la naturaleza: que los espacios de protección amparados por UE, la protección va por delante del desarrollo urbanístico disparatado».

El fallo del TSJ cierra la puerta a la posibilidad de edificar. Aunque todavía existen muchas incógnitas sobre un proceso de recalificación repleto de irregularidades que sigue investigando la justicia murciana y que supuso importantes pérdidas para Kutxa, que en la misma época se dejó otros 110 millones en Lo Poyo, donde el plan urbanístico también fue paralizado.