«Los Estados miembros deben velar por que se respeten las garantías mínimas en virtud de la Directiva sobre el retorno, aun en el caso de haber decidido, como ha hecho España, no aplicarla a los nacionales de terceros países interceptados en la frontera». De este modo admite Cecilia Malmström, comisaria de Asuntos de Interior en la Unión Europea, el incumplimiento por parte del Gobierno de Mariano Rajoy de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que regula los procedimientos ante las entradas de inmigrantes en situación irregular y que veta expresamente las denominadas «devoluciones en caliente» que la Guardia Civil practica habitualmente en Ceuta y Melilla.

La comisaria, en una respuesta remitida al eurodiputado de EH Bildu, Josu Juaristi, advierte que «la Comisión no vacilará en tomar las medidas adecuadas cuando haya indicios de que un Estado miembro ha infringido el Derecho de la UE».

Un juzgado de Melilla citó recientemente como imputado al jefe de la Guardia Civil del la ciudad autónoma, Ambrosio Martín Villaseñor, acusado de prevaricación por estar al mando de las devoluciones en la frontera. La respuesta de la UE apuntala la versión de ONG como Prodein, que son las que llevaron al mando ante el tribunal.

Según señala el documento, Bruselas ha establecido un «diálogo» con el Estado español para abordar la situación de las dos ciudades autónomas, «incluso en lo que se refiere a la aplicación de la directiva sobre el retorno a las personas interceptadas al cruzar de forma irregular la fontera». No obstante, por el momento, no se está estudiando el envío de una misión de observación. S obre el uso de la fuerza, que ha quedado acreditado por diversos vídeos de las ONG que trabajan sobre el terreno, la comisión también es tajante: «Las medidas de vigilancia de las fronteras deben ser proporcionadas y solo se puede utilizar la fuerza en caso necesario y en la medida en que lo exija el desempeño de las funciones de los agentes, con vistas a proteger su seguridad y sus vidas; no debe recurrirse a la fuerza para disuadir del cruce de fronteras no autorizado».

Eso es, precisamente, lo que acostumbran a hacer los uniformados españoles junto a la verja. Las medidas anunciadas por la UE todavía no han llegado, pese a imágenes como las de la semana pasada, en las que agentes del Instituto Armado golpeaban hasta dejar inconsciente a un subsahariano que se encontraba ya en territorio español tras haber saltado la valla. Los uniformados lo ataron de pies y manos y lo entregaron a las Fuerzas Auxiliares marroquíes.

Ante este nuevo episodio de violencia, EH Bildu reiteró la denuncia sobre la situación extrema de los migrantes en Melilla y solicitó a la Comisión, «tal y como afirma en su respuesta, que tome las medidas adecuadas».

Además, quedan pendientes las investigaciones sobre las posibles víctimas mortales y los heridos que denunciaron los propios inmigrantes tras los saltos de los días 13 y 18 de agosto.

Por último, la Comisión advierte en su respuesta al eurodiputado abertzale que «la vigilancia de las fronteras debe llevarse a cabo sin perjuicio de los derechos de las personas que soliciten protección internacional, en particular en lo que se refiere al principio de no devolución y al acceso efectivo al procedimiento de asilo». Otro principio que se incumple ya que los subsaharianos son expulsados sin siquiera tomarles la filiación, aunque muchos de ellos proceden de países en conflicto y tendrían derecho al asilo.