Movimientos extraños de dinero, como esta ampliación del capital social de la empresa de su hijo al pasar Miguel Sanz a administrador único, son los que atraerán el interés de la Unidad de Delitos Fiscales de la Policía. La UDEF ha recibido la orden de investigar el patrimonio tanto de Sanz como del exdirector de CAN, Enrique Goñi. Se lo ha encargado el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que lleva el «caso Banca Cívica».

Aparentemente, la empresa Fineco ni siquiera tiene oficinas, ya que está domiciliada en la casa particular del hijo de Miguel Sanz, en Zuasti. Tampoco está muy claro a qué se dedica, ya que aparece inscrita con el difuso objetivo de la «elaboración de informes y estudios económicos y financieros sectoriales o territoriales».

Fineco se fundó dos días antes de que terminara 2008, coincidiendo con el último mandato de Sanz. En un principio estuvo administrada por Jesús Sanz y Eva Moliner. Era una empresa pequeña, constituida con el mínimo capital posible: 3.006 euros. Sin embargo hace ahora dos años, todo cambió. El 23 de noviembre de 2012 Sanz entró como administrador único, sustituyendo a su hijo y al mismo tiempo incrementando el capital hasta 394.387,20 euros.

De la política a la empresa

En principio, la orden del juez Eloy Velasco hace referencia a la denuncia interpuesta por Kontuz, en la que se detallan una serie de operaciones difíciles de justificar realizadas en Caja Navarra. En este sentido, cabe recordar que la CAN era la única caja del Estado donde el presidente de la comunidad era también presidente de la entidad. Es decir, el cargo de Sanz en CAN era el mismo que el de Miguel Blesa en Caja Madrid.

La orden dada a la UDEF va dirigida a verificar si, a raíz de esas operaciones dudosas, Goñi o Sanz recibieron algún tipo de contrapartida. En este punto, el movimiento de Fineco resulta llamativo, aunque el regreso de Sanz al mundo de la empresa tiene otros elementos bastante curiosos.

En principio, además de en Fineco el expresidente navarro se ha convertido en directivo de una empresa que se dedica a deshacerse de residuos tóxicos (bajo la curiosa denominación de Servicios Ecológicos de Navarra) y en otra logística, Truck and Wheel. Además de ello, sus compañeros de UPN lo colocaron al frente de Autopistas de Navarra y el propio Enrique Goñi aprovechó su recolocación en Caixabank para hacerle consejero presidente de Bodegas Sarría. En esas bodegas (levantadas en su día por el constructor del Monumento a los Caídos, Félix Huarte, y que luego se quedó la caja por las deudas) figuran también otros de los principales responsables de la desaparición de CAN. Entre otros, Ricardo Martí Fluxá, arquitecto del sistema de dietas y en su día número 2 del Ministerio de Interior de Jaime Mayor Oreja.

Más líneas de investigación

Aunque lo más llamativo del auto conocido el día de Nochebuena sea la investigación que se ha encargado a la UDEF, la orden de Eloy Velasco tiene muchas más cosas positivas a la hora de esclarecer lo ocurrido. De hecho, la amplia solicitud de prueba trasladada por Kontuz se ha aceptado prácticamente toda, recuperándose líneas de investigación enteras, como la desaparición de los cuadros de la caja (once de ellos, custodiados en la propia caja fuerte).

Entre las operaciones que necesitan estar aclaradas está la renuncia millonaria que hizo CAN sobre su participación en Auna (que fue el gran estreno de Goñi nada más apartar a Lorenzo Riezu como director de la caja), el negocio que realizó la caja con el empresario Antonio Catalán en Oviedo y que ha acabado en una reclamación por parte de Hacienda de 40 millones de euros, las pérdidas sistemáticas en empresas en las que aparece Martí Fluxá y el escándalo de Oesia, donde Goñi tiene muy complicado defenderse.

Deteniéndonos en este último, en el año 2009 CAN y Cajasol realizan dos operaciones cruzadas de empresas por un valor que el Banco de España discute. En concreto el BdE se sorprende de que CAN pague por Oesia «dos veces sus fondos propios y 224 veces su beneficio de 2008». De hecho, en las actas de Banca Cívica se reconoce que la empresa está en quiebra y que el resto de socios capitalistas se resisten a poner más dinero para reflotarla.

Por otro lado, cabe recordar que hay otra causa que salpica a toda la Ejecutiva de CAN. El 15 de enero se toma declaración como imputado al expresidente de Caja Burgos, José María Arribas, por usar su cargo para financiar a sus empresas. Según la acusación que ejerce UPyD, la CAN habría colaborado con Arribas para eludir la Ley de Cajas de Castilla León cuando Caja Burgos y Caja Navarra eran socios en Banca Cívica.