Mikel Ansotegi, Amets Jauregizar, Saioa Elejabarrieta y David Crestelo
Alcaldes de Aulesti, Bakio, Lemoa y Plentzia

Catastro: Insistir en el error o aprovechar la oportunidad

Seguramente mucha de la gente que vive en nuestros pueblos no es consciente de la importancia del catastro, algo que nos afecta en nuestro día a día y cada día más.

Por simplificar, podemos afirmar que el valor catastral de una vivienda es el que a la misma atribuye la Hacienda Foral y sobre el que pivota, o debería pivotar, el impuesto más importante que se paga a los ayuntamientos: el Impuesto de Bienes Inmuebles, también conocido como IBI.

El catastro también ha sido utilizado, en ocasiones, para el cálculo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y, en los últimos años, algunos ayuntamientos lo han utilizado como referencia para aplicar bonificaciones a los impuestos y tasas para familias y personas en situación desfavorecida. Es un índice de referencia muy importante para la gestión tributaria foral, para la autonomía municipal y para la gestión de nuestro patrimonio o nuestros impuestos. Pese a su importancia, el catastro no se ha actualizado en los últimos 40 años.

Este hecho no puede calificarse más que como dejación o falta de criterio por parte de la Diputación Foral de Bizkaia y del partido que ostenta el Gobierno foral, el PNV, porque, entre otras consecuencias, se han producido situaciones de injusticia, al no tener en cuenta la evolución de las zonas residenciales y la actualización de otro tipo de viviendas y construcciones.
Y después de 40 años de no hacer nada, más que un leve y fracasado intento de actualización, a los responsables forales les entra la prisa. Pretenden hacer la nueva revisión antes de que su efecto impositivo se acerque demasiado a las elecciones del 2019 y, con las prisas, el proceso de actualización se vuelve opaco, falto de participación ciudadana y casi impuesto.

Las aportaciones que pueden hacer los ayuntamientos se limitan en forma y tiempo, cuando la actualización del valor catastral afectará a los ayunta- mientos y a su financiación y les afectará en el sentido de que serán estos quienes cobren el IBI y en consecuencia serán quienes deberán soportar el enfado de los y las vizcaínas ante las subidas previstas.

Tampoco hay un debate sobre la ponencia de valor, y aquí es donde realmente está el quid de la cuestión. La ponencia de valor es la que fija los criterios para la composición final del valor catastral. La pregunta que nos surge es, ¿puede hacerse una ponencia de valor equitativa y justa sin tener en cuenta las aportaciones de los municipios de Bizkaia en toda su diferencia y diversidad? Creemos sinceramente que no, y que es así como se ha hecho la revisión.

En todo caso queremos dejar claro que sí creemos en la necesidad de una actualización del valor catastral, de la ponencia de valor. Lo que no compartimos es el proceso puesto en marcha por la DFB, apresurado, poco participativo y nos tememos que injusto. El catastro debe ser actualizado con personal de la Diputación y no desde una empresa externa. También debe ser actualizado el catastro de empresas como Petronor que ahora quedan fuera de esta actualización, y en caso de discrepancia entre Ayuntamiento y Diputación deben articularse medios de acuerdo.

Junto al catastro se actualizará la norma foral sobre el IBI, que fija el marco para que los ayuntamientos fijen este impuesto. Tradicionalmente esta norma foral ha sido muy restrictiva respecto de los ayuntamientos, no ha incorporado la progresividad tributaria, ni la posibilidad de utilizar y concebir la política fiscal como una herramienta redistributiva de la riqueza y como una herramienta política.

Mucho nos tememos que la Diputación reiterará el error, lejos de incorporar la progresividad, de utilizar la norma foral del IBI como una herramienta de justicia social. La Diputación ha propuesto que los ayuntamientos tengan algo más de margen para fijar el porcentaje de recargo entre las opciones que da la norma, pero poco más.

Tenemos muy claro que la progresividad es fundamental, y el uso de los impuestos para la redistribución de la riqueza debe ser una seña de identidad de la izquierda. Por eso proponemos que se permita a los ayuntamientos imponer un recargo al IBI de las viviendas vacías de hasta el 150% (no el exiguo 50% incorporado a regañadientes por el PNV) y que las personas en situación de dificultad sobrevenida puedan acceder a bonificaciones de hasta el 95%.

También proponemos establecer una bonificación progresiva atendiendo al nivel de renta y miembros de la unidad familiar, así como eliminar la exención del IBI a la iglesia y resto de confesiones religiosas a aquellas instalaciones destinadas al culto. Tampoco pueden estar exentos de pago, por ejemplo, los pisos que las confesiones religiosas puedan recibir en donaciones.

En resumen, la Diputación, el PNV, no han hecho los deberes en 40 años, y ahora tenemos la oportunidad de convertir la dejadez foral en una opción de mejora y de progresividad. Nuestro temor es que el PNV persista en su error. Esperemos que nos quite la razón, pero las últimas noticias no hacen sino confirmar nuestros temores.

Recherche