Txelui Moreno
Portavoz de Sortu en Nafarroa

Convenio económico: que Nafarroa decida

La negativa del Gobierno de UPN a pedir la retirada de los recursos contra las decisiones tomadas por mayoría y democráticamente en el Parlamento de Nafarroa certifica lo que no era más que una cuestión sabida por la ciudadanía navarra: UPN hace una dejación absoluta de los derechos históricos de Nafarroa y no duda en ponerse del lado del Estado en su ataque a las instituciones navarras si amenazan sus privilegios de clase.

Esta y no otra ha sido la lógica que ha regulado las relaciones entre España y Nafarroa en base al modelo «paccionado» establecido en la Ley de 16 de agosto de 1841 y concretada luego en los sucesivos convenios económicos. Lo denunció de forma clarividente el propio Arturo Campión cuando dijo que la de 1841 «es una ley funesta que halaga ciertos prosaicos sentimientos de bienestar material que sibilinamente empuja a Nafaroa por el plano inclinado de la asimilación». Y es que el pacto que dio como fruto dicha ley fue un trapicheo entre la oligarquía navarra y el Estado. Con el mismo, Nafarroa renunciaba a los restos de soberanía y a las estructuras de estado de las que todavía disponía (Cortes, aduanas...) a cambio de un «pacto fiscal» que permitiría a los más ricos decidir sobre los impuestos para garantizar que ellos pagarían menos y lo controlarían todo.

Así lo recoge la doctora Mina Apat: «La nueva foralidad implícita en la ley de 1841 proporcionó a la oligarquía navarra, que había controlado el proceso, un aparato de control sobre la provincia muy superior al que tuvieron en el Antiguo Régimen, a la vez que ponía en sus manos el instrumento clave de la revolución burguesa, al convertir a la Diputación en árbitro de la desamortización. Pagar menos y controlar más, tal era la esencia de la nueva foralidad».

Esencia foral que los «magos» de la transición conservaron a la muerte de Franco, cuando impusieron el Amejoramiento sin someterlo al refrendo de la sociedad navarra. 32 años después, este marco subordinado y clientelar se muestra como algo inservible, ya que no responde a las inquietudes y proyectos de futuro de una ciudadanía harta de corrupción, enchufismo, dilapidación de recursos públicos en proyectos faraónicos sin utilidad mientras se recortan los servicios básicos y la asistencia social.

Esa y no otra es la verdadera raíz del problema, el marco de relaciones vigente entre Nafarroa y el Estado no sirve. Este marco no respeta la capacidad de los navarros y navarras de decidir sobre todo aquello que les afecta y sobre su futuro. Siempre que en Nafarroa hay que decidir algo importante, la decisión se toma en Madrid y en base a los intereses de Madrid. Da igual lo que la ciudadanía navarra decida si lo decidido afecta a intereses de estado protegidos por PP-PSOE, siempre hay un tribunal compuesto por personas elegidas por PP-PSOE que decidirán por encima de la voluntad de Nafarroa.

Así pues, no estamos ante un problema jurídico o de interpretación de las leyes, estamos ante el verdadero problema que existe hoy en el Estado, el fracaso de un modelo territorial que no reconoce el derecho democrático a decidir que corresponde a pueblos y naciones. Fracaso de un modelo incapaz de ofrecer a nuestra comunidad herramientas políticas y financieras con poder suficiente para encarar sus necesidades y proyectos de futuro.

Es el momento de abrir el debate sobre el estatus político de Nafarroa. Debate que tiene que basarse en el respeto a todas las opciones, sin exclusiones, impedimentos, imposiciones o injerencias de terceros, un debate abierto a la participación de toda la ciudadanía navarra. Un debate para defender la capacidad de decisión plena de Nafarroa en todos los ámbitos, desde el económico y fiscal hasta el lingüístico y el industrial, pasando por el educativo o el de la salud. Un debate abierto  y democrático para decidir el modelo de relación que queremos con el Estado y con los restantes territorios de Euskal Herria.

Un debate que nos ponga a la cabeza de la recuperación económica, de la creación de empleo, fortalezca los servicios públicos y nos permita tomar nuestras propias decisiones. Un debate que recupere para Nafarroa la capacidad plena, el régimen jurídico propio, haciendo realidad el verdadero significado de los Fueros y dando sentido a la divisa de los infanzones de Obanos, Pro libertate patria gens libera state.

El proceso de negociación para la actualización del Convenio Económico debe asentarse sobre sólidos principios democráticos. El objetivo debe ser dotar de seguridad jurídica a la plena capacidad de decisión de Nafarroa en materia fiscal y económica. Por eso es fundamental que quien negocie en nombre de Nafarroa sepa ganarse primero el apoyo del conjunto de la ciudadanía y las formaciones políticas navarras. Si UPN no es capaz de someterse a las decisiones democráticas del Parlamento de Nafarroa, no tiene ninguna legitimidad para iniciar una negociación de este calado en nombre de Nafarroa.

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