Periodista
El corto vuelo de los neo-conservadores

En los dos principales países de América Latina donde la derecha conservadora se hizo con el gobierno, Argentina y Brasil, las cosas no les están funcionando como esperaban, tanto en el plano económico como en la capacidad de hacer funcionar sus gobiernos en la orientación que preveían.

05/02/2017

En Argentina el primer año del gobierno de Mauricio Macri terminó con una inflación cercana al 40%, y con un crecimiento negativo del PIB superior de alrededor del 2,5%. El bajo desempeño de la economía llevó al presidente a remover al equipo económico en una clara muestra de que los problemas no se resolverían con un mero cambio de gobierno. Lo más dramático ha sido el deterioro de los indicadores sociales: aumento de la pobreza, que supera el 30% de la población, crecimiento del desempleo que trepó al 10% y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

En Brasil se superponen la crisis política de legitimidad de las instituciones, con una crisis económica que sigue su marcha a pesar de las reformas neoliberales del gobierno de Michel Temer. Minas Gerais es el tercer estado que se declara en «calamidad financiera», siguiendo los pasos de Rio de Janeiro y Rio Grande do Sul, que ya no tienen fondos siquiera para pagar los sueldos de sus empleados. La desocupación afecta a 12 millones de personas.

El gran problema es la falta de legitimidad de los gobernantes y de los políticos en general. En el Congreso, por lo menos un tercio de los parlamentarios está involucrado en corrupción y pesan sospechas sobre otro tercio más. En febrero el Poder Judicial comenzará a trabajar sobre las «delaciones premiadas» de Marcelo Odebrecht, el más importante empresario brasileño, que tendrán hondas repercusiones sobre todo el sistema político, desde el actual presidente hasta Lula da Silva, pasando por la mayoría de los diputados, senadores y gobernadores.

En este clima de contrarreformas neoliberales, crisis política y crisis económica, todo puede suceder, incluyendo un potente rebrote de la protesta social que se viene anunciando en el crecimiento de las huelgas y en los más de mil colegios secundarios ocupados durante los últimos meses. «La situación está cada vez más complicada. Los representantes políticos y el propio sistema político están completamente desacreditados», afirma Jair Krischke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre (Rel-Uita, 18 de enero de 2017).

Pero la crisis de los neo-conservadores no se limita a estos dos países. En Paraguay el gobierno del colorado Horacio Cartes tiene baja aceptación y ha debido enfrentar sonados casos de corrupción además de fuertes protestas de estudiantes, pobladores y campesinos. Cartes busca una reelección que divide a los partidos ya que habría que modificar la Constitución. El expresidente Fernando Lugo, destituido a raíz de un golpe parlamentario en 2012, encabeza la intención de voto con un 32% para las elecciones presidenciales de 2018, lo que coloca al sistema político en manos de la derecha nuevamente a la defensiva. Pero Lugo tampoco puede presentarse como candidato a la presidencia, salvo que negocie con Cartes la modificación de la Constitución.

En los demás países de la región, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y México (Venezuela merecería un tratamiento aparte), las derechas en el gobierno, o en la oposición, presentan enormes dificultades para conseguir credibilidad y gobernabilidad a la vez.

Perú es el único país donde una nueva derecha, ultra y corrupta pero con gran apoyo popular, tiene posibilidades concretas de hacerse con el gobierno. Los herederos del ex presidente Alberto Fujimori siguen siendo la primera fuerza política del país, controlan el parlamento con mayoría absoluta, tienen excelentes relaciones con los militares y las patronales, y obtuvieron con la candidatura de Keiko Fujimori un 49% de los votos en dos segundas vueltas consecutivas (2011 y 2016). Están en la puerta del gobierno, pese al enorme rechazo que generan en un país polarizado.

Existen tres razones de peso para este corto vuelo que prevemos para los gobiernos neo-conservadores, actuales o futuros. El primero se relaciona con la profunda división que atraviesa a las elites económicas y políticas del mundo, a imagen y semejanza de lo que ya vimos en Estados Unidos. La hegemonía del capital financiero implica la dominación de una pequeña fracción de la burguesía más parasitaria sobre los trabajadores pero también, aunque de modos diferentes, sobre otros sectores de esa misma clase burguesa que se han visto desplazados por los viejos y los nuevos ricos que acumulan en torno a Wall Street y la banca. La idea de que el crecimiento termina derramando la riqueza, ya no es creíble para las mayorías.

En América Latina los alineamientos son parcialmente diferentes a los que se registran en Estados Unidos, pero igualmente hay una puja entre quienes apuestan a una alianza con China y quienes defienden la alianza con Washington; entre los que apuestan a las commodities (minerales, hidrocarburos y soja) y los que defienden la producción y el mercado interno; entre los partidarios del libre comercio y los proteccionistas y, dato fundamental, entre los que quieren reprimir y someter a los sectores populares y los que desean integrarlos de algún modo, aún de forma subordinada.

La segunda tiene que ver con una nueva conciencia societal que ya no acepta gobernantes corruptos con la naturalidad de antes. La brutal concentración de la riqueza y el consecuente aumento de la desigualdad, parecen estar llevando a las sociedades a cuestionar sistemáticamente a los políticos que son considerados como los principales aliados de los ricos. Los recientes datos difundidos por Oxfam sobre el crecimiento de la desigualdad en el mundo, tienen su contracara en el aumento de la precariedad de la vida para las mayorías, sobre todo en un continente tan profundamente desigual como América Latina. La corrupción es visualizada por la mayoría de la población como una práctica habitual y sistémica, por lo que crece la tendencia a dejar de creer en el sistema político.

La tercera razón es la potencia de los movimientos y de las resistencias más o menos organizadas, que están siendo capaces de limitar a los neo-conservadores con mayor vigor que las izquierdas institucionales. Sólo en México hay más de 300 conflictos socio-ambientales, al punto que cuando se anuncia la instalación de una minera, la construcción de una represa hidroeléctrica o la ampliación de un aeropuerto, el conflicto está asegurado y, lo más importante, no depende de que haya un grupo de militantes agitando. Las comunidades ya saben, tienen información o aprendieron cómo conseguirla, conocen los pasos que tienen que dar para enfrentar cualquier iniciativa del capital que los perjudique.

Estos tres aspectos están jugando en contra de las fuerzas conservadoras, al punto que ninguna de ellas tiene garantizada la estabilidad cuando es gobierno, o un sencillo acceso al Estado cuando están en la oposición. Pero esas mismas tendencias juegan, de algún modo, contra aquellos progresismos que no se atrevan a ir más allá de la situación heredada.

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