sa es la distancia a la que se encuentra el Estado español en materia penitenciaria respecto a Holanda.

El martes, 22 de este mes de noviembre, Gara publicaba un artículo muy interesante, ilustrativo y revelador sobre el sistema penitenciario de ese país del Mar del Norte, titulado: “A Holanda le sobran cárceles”.

La lectura de ese singular y brillante reportaje -visto desde esta inconmensurable distancia mental, anclada en el pasado más tenebroso, sórdido y terrible del medievo respecto al reo- produce una extraña y a la vez maravillosa sensación de estar soñando, de estar leyendo crónicas sobre un país de fantasía, inexistente, producto de una fértil y aguda imaginación.

Para los censores, fiscales, jueces, grandes y poderosos medios de comunicación, para el gobierno del Estado español y todo su aparato burocrático y mediático resultaría, simplemente, impensable establecer un nuevo paradigma de reinserción, tal y como hicieron en los Países Bajos finalizando el siglo pasado: «Un cambio en el Código Penal introducido en 1989 y auspiciado por el debate social entre la desproporción entre delitos y penas fue el responsable» de que las cárceles holandesas comenzasen paulatinamente a vaciarse, y que las personas consideradas culpables de diferentes tipos de delitos comenzasen a recibir y a participar en programas de auténtica reinserción. De esta forma lo argumentaba Jan Roelof van der Spoel, vicegobernador de la prisión de Norgerhaven en una entrevista en la BBC: «En el servicio holandés nos fijamos en la persona. Si alguien tiene un problema de drogas, tratamos su adicción. Si son agresivos, proporcionamos terapia para controlar la ira. Si tienen problemas de dinero, les damos asesoramiento para manejar la deuda. Tratamos de eliminar lo que les llevó a delinquir»

Los dos ejes mencionados: el debate social para establecer las penas y su duración y una reinserción real son una absoluta entelequia, una quimera inaprensible en el Estado español, donde las leyes penales están férreamente ancladas a un obscuro y opresivo pasado, basado en la ley del talión, el odio, la venganza, la exclusión, la reprobación, la culpa como un estigma indisoluble para toda la vida. Un sistema penitenciario, cuyo represivo paradigma es fiel reflejo de tiempos pretéritos de la Inquisición y de los Tribunales del Santo Oficio, para los que la reinserción era prácticamente imposible y, en el caso de darse, el reo quedaba estigmatizado por vida, él y todo sus descendientes.

Si a ese sistema implacable, e inmisericorde, que no fue abolido hasta el S.XIX, le añadimos la creación de los tribunales especiales: los Tribunales de Orden Público (TOP), erigidos por el brutal régimen fascista de Franco y reconvertidos en la Audiencia Nacional; encargados básica y fundamentalmente de cercenar, extirpar y aislar el máximo tiempo posible a todas aquellas personas que de palabra o de hecho cuestionen y sean beligerantes contra el sistema, fácilmente se comprenderá que introducir los parámetros de proporcionalidad del delito cometido y la pena consecuente, junto con una eficaz y real inserción son etéreas y evanescentes ideas en el represivo, cruel y brutal sistema penitenciario carpetovetónico.

Los ejemplos que avalan la crueldad e inhumanidad del sistema penitenciario del Estado español son tantos que constituyen una colosal e insoportable losa para decenas de miles y miles de personas de Euskal Herria.

El último exabrupto tiene su origen en Altsasu, donde una trifulca de taberna a altas horas de la madrugada se convierte en un despropósito, esperpéntico y retorcidamente manipulado hasta el paroxismo, que hubiese dejado atónito y perplejo al propio Kafka. Un sistema penal que podría llevar a nueve jóvenes, por ahora, a las mazmorras frías, desoladoras y perdidas en las inconmensurables distancias durante lustros y lustros.

La equidad, la proporcionalidad, la razón, el sentido común, la justicia, curiosamente, no forman parte de un sistema llamado de derecho y garantista. Y es que no hace muchas décadas la «disidencia», fuese por haber pertenecido a la administración de la II República española, a sindicatos comunistas, socialistas, anarquistas o cualquier otro tipo de organización de izquierda o republicana se pagaba con juicios sumarísimos y ejecuciones extrajudiciales masivas frente a tapias, descampados o en perdidas zanjas a lo largo y ancho de un país cruel y despiadadamente atormentado.

Esa terrible, bestial, brutal e inhumana forma de pensar, esos antivalores abyectos, esos modelos referenciales y pautas de comportamiento fascistas que fueron, en definitiva, los que originaron un auténtico genocidio durante el alzamiento militar -y el consiguiente golpe de estado contra la legítima y democrática II República, el periodo de la guerra y la postguerra- conllevaron a que se cometiesen crímenes execrables y de lesa humanidad. Hace escasas fechas los medios de comunicación, al menos de Euskal Herria, se hacían eco de la recuperación de los restos de la familia Sagardia Goñi arrojados a una sima: la madre embarazada y sus seis hijos con ella. Un crimen de proporciones dantescas. Esa nefasta, cruel, anacrónica y enquistada mentalidad situaba al Estado español, como el segundo país del mundo, tras Camboya, con el mayor número de desaparecidos.

Evidentemente la llamada «transición» no consiguió eliminar esa forma de pensar, ni los antivalores, ni modelos referenciales que la sustentaban. Las ideas más repugnantes y aborrecibles de una sociedad tienen la increíble capacidad de transmitirse de generación en generación como si se tratase de un indestructible virus.

«Según el nuevo código penal holandés, el juez podía imponer como sanción un número de horas de trabajo en servicio de la comunidad, que sustituía así a la pena de prisión… Los defensores del nuevo sistema argumentaban que los trabajos a favor de la sociedad favorecerían la reinserción del transgresor, no se le estigmatizaba como «criminal» por la pérdida de libertad y, en el caso de los jóvenes, se involucraba a los progenitores en el seguimiento de su evolución… Dentro del recinto penitenciario las estrategias de rehabilitación son múltiples. Los espacios abiertos y las zonas verdes, las actividades y la autonomía personal forman parte de ellas… Una persona castigada a trabajos sociales sigue con su empleo y realiza las tareas encomendadas en su tiempo libre, por lo que su trabajo genera algún bien a la sociedad»

Espacios abiertos, zonas verdes, actividades, autonomía personal… Para el colectivo de presos y presas vascas el sistema penitenciario impuesto en Holanda les debe parecer una auténtica e inalcanzable utopía.
La cotidianidad del sistema carcelario y represivo del Estado español relega al mencionado colectivo a sufrir penas absolutamente desproporcionadas; se les recluye a inmensas distancias de su entorno natural, familiar, cultural y afectivo; la vida diaria en esos presidios está diseñada y pensada para que les sea una carga física y psíquica insoportable.

Arantza Zulueta, sometida a un inhumano régimen de aislamiento e incomunicación; las personas con gravísimas enfermedades, incurables y terminales, postergadas sin remisión en las cárceles; el inacabable y espantoso reguero de familiares, amigos y amigas esparcidos mortalmente por las inabarcables carreteras, consecuencia de las decenas y decenas de accidentes de tráfico; son el exponente más evidente, claro y meridiano -que lanza un desgarrador grito de auxilio a los cuatro vientos- de un sistema penitenciario alejado millones de kilómetros de otros sistemas europeos progresistas, equitativos y humanizados.