El Tribunal de Justicia Europeo ha dado un tremendo varapalo al Estado español por los abusos en la tramitación judicial y policial de los desahucios a propietarios de viviendas por impago de sus hipotecas, declarando ilegales sus prácticas. Es aconsejable conocer los términos humillantes del Tribunal en contra de la interpretación de las autoridades judiciales españolas, a las que considera como si fueran las de cualquier estado bananero.

Sin embargo, como consecuencia de la sentencia, ahora viene lo mejor: qué hacer con los casos en curso? Y con los ya consumados, ahora que sus sentencias han sido declaradas abusivas? Quizá reclamar al maestro armero? Porque los jueces ya se las ingeniarán para que los bancos no se vean afectados por los cambios exigidos en Europa y sus cláusulas ahora declaradas ilegales ya se verán «matizadas» convenientemente para que «no se vea dañado el sistema financiero nacional», que es el argumento cumbre del gobierno, del Banco de España y banqueros que creían que su impunidad era legítima, puesto que se basan en la ley hipotecaria, que data nada menos que de 1909.

Sin duda que es una noticia especialmente esperada por los miles de personas que fueron desahuciadas con argumentos ahora declarados contrarios a la ley. Se supone que los procesos en trámite quedarán automáticamente declarados nulos, lo que va a suponer un enorme perjuicio para las entidades financieras.

¿Pero, cuál será la política con los desahucios ya consumados? ¿Serán declarados nulos y habrá que volver a enviar a la fuerza pública a realojarlos de nuevo, en contrate con el procedimiento utilizado para el desalojo? Y quién les va a compensar de los errores judiciales? ¿Quién les va a reponer del daño moral, de las tragedias derivadas, los suicidios que se han producido? ¿Quién responderá de aquellos espectáculos que han estremecido la sensibilidad de la población que ha visto que sus derechos básicos han sido pisoteados con el apoyo de la acción violenta de la fuerza pública que argumenta la pobre razón para justificar su actuación en «la obediencia debida».

Después de tanta miseria, de tanta injusticia y prepotencia de los dirigentes y poderosos, esta noticia llena de esperanzas a los que son siempre las víctimas que tienen que soportar en silencio los abusos de un sistema político-social que se derrumba por su propia incapacidad e inutilidad. Aunque habrá que estar avizor, por si el gobierno nos tiene preparada alguna «sorpresa» para compensar los «perjuicios» que esta sentencia va a producir a los bancos.