Javier Orcajada Del Castillo

La reversión de las autopistas

El ministro de Obras Públicas reconoce que el Estado deberá hacerse cargo de varias autopistas no rentables. Expertos jurídicos del ministerio han declarado que no será un rescate, sino Reversión. Ah, bueno –responde el cínico–, eso quiere decir que no supondrá ningún coste para las arcas públicas. Menos mal, pues entre ayudas a los bancos, a las eléctricas, gasistas y subvenciones a todo el que venga con un proyecto que deslumbre a los expertos del ministerio y convenza a los políticos, la deuda pública ya supera el PIB. No, no se haga ilusiones –interviene el pesimista–, es cuestión de semántica: el Gobierno va a tener que pagar más de 5.000 millones a los concesionarios, aunque sin tener claro si en concepto de rescate o reversión. ¿Cómo en el Proyecto Castor? Ah, la semántica: qué importante es descubrirla para utilizarla, pues no es lo mismo jurídicamente ambos conceptos. ¿Y qué es más conveniente, que sea una u otra figura a efectos de pago? El ministro responde en su comparecencia ante la prensa para explicar el «marrón»: la reversión es una figura jurídica que se contempla en la Ley de Contratos del Estado por la que en determinadas circunstancias el Gobierno debe garantizar los servicios públicos ante la imposibilidad de que lo hagan los adjudicatarios. No cumplirlo incurriría en responsabilidad ante los tribunales. ¿Y el rescate? ¿También tendría que salir el Gobierno a salvar a los bancos o entidades que producen servicios públicos esenciales?, pregunta un periodista recién salido de la facultad. Ahí el ministro quiso dar una lección de derecho administrativo, pero se metió en un jardín…, porque entre los periodistas presentes en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros en el que se acordó la reversión, uno de ellos tenía en su poder los contratos firmados por las constructoras con el Gobierno dando a conocer las cláusulas más sangrantes, pues sólo contienen obligaciones para el Gobierno y ventajas obscenas para las constructoras. El ministro, sudoroso, explicó que desconocía el importe que tendría que pagar el Gobierno, pero que ni mucho menos lo que aparecía en la prensa. Además, el Gobierno se guardaba una baza: después de rescatadas, saldrían de nuevo a pública subasta para que los nuevos adjudicatarios plantearan un plan milagroso de explotación para hacerlas viables. Los «nuevos» adjudicatarios serán con seguridad los anteriores a los que se ha pagado la reversión, ya sin pasivos, ahora tratando de obtener beneficios imposibles con una red paralela de autovías gratuitas. Con lo que volverán a tener que ser rescatadas (o revertidas) ad infinitum. Ese es el negocio de las concesionarias, no explotarlas, sino construirlas y mangonear al Gobierno al que tienen agarrado por… un contrato perverso. Como el mito de Sísifo: el objetivo es no alcanzar nunca rentabilizarlas porque reventaría la burbuja de las autopistas de peaje. Ya lo anunciaba ufano Aznar en la inauguración: «vamos a pasar a España del siglo XIX al XXI» . Además de estadista, profeta.

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