El lehendakari Iñigo Urkullu y los representantes de Etxerat se comprometieron ayer a elaborar una agenda de trabajo para lograr el fin de la dispersión de los presos vascos y se mostraron de acuerdo con la necesidad de reconocer el sufrimiento de los familiares de los presos. Pocos en este país valorarán negativamente esa reunión y cuantas sean precisas para terminar con un problema de vulneración de derechos cada día más escandaloso.  

Ahora bien, a la espera de los hechos, parece aconsejable ser prudente ante lo que de momento son buenas palabras, y un somero repaso del periodo transcurrido desde la Conferencia de Aiete muestra sobre qué lado recae la prueba de la credibilidad. La reunión entre el lehendakari y Etxerat tuvo lugar mientras en el Congreso español tenía lugar el Debate sobre el Estado de la Nación, donde el portavoz del PNV pidió el fin de la dispersión, pero obviando los pasos dados por el colectivo de presos vascos y desplazando la presión hacia este, en una intervención en la línea del programa Hitzeman, un  programa sin recorrido, como bien sabe el Ejecutivo de Lakua. Sería de esperar que la actuación de este fuese más acorde a otras iniciativas con mayor posibilidad de desarrollo, como Zuzen Bidea, en la que el propio colectivo de presos percibe aspectos positivos.

A Urkullu y su Gobierno no le van a faltar ocasiones, a partir de hoy mismo, de demostrar si la disposición manifestada ayer es verdadera o si la primera reunión de un lehendakari con una asociación de familiares de presos –algo que si no ha ocurrido antes no ha sido precisamente por falta de solicitudes de estos desde hace muchos años– responde a otro tipo de intereses. También ayer en Madrid su partido podría haber disipado algunas dudas en su postura contra la dispersión, como hizo el portavoz de Amaiur, cuya intervención no dio otra opción al presidente del Gobierno español que recurrir al patético y manido recurso de mencionar «la grandeza de la democracia» española, a falta de argumentos.