El incendio de ayer en Zorrotza ha tenido consecuencias trágicas, de esas que marcan a un barrio y que dejan huella en la memoria comunitaria de toda la ciudad, incluso del país. Han muerto cuatro personas: dos jóvenes y sus dos hijos, de tres y cinco años. Otros dos miembros de esa familia siguen en estado grave. Quedan muchas cosas por esclarecer, pero la prioridad ahora es atender a las familias y personas que han quedado desamparadas –una labor que los servicios sociales activaron inmediatamente–, y recordar a las víctimas a la vez que se reconforta a sus familiares –algo que desde el primer minuto han hecho los vecinos y las autoridades, empezando por el alcalde Juan María Aburto, que se traslado al lugar y mostró su dolor y el de la ciudadanía de Bilbo–.

No obstante, este suceso debería activar también una reflexión y un compromiso con una realidad que solo las tragedias logran insertar en el debate público. Mientras algunos intentan situar entre las prioridades de nuestra sociedad un fraude en las ayudas sociales que objetivamente es residual, lo que debería estar en la cúspide de nuestra agenda política, la pobreza extrema y la exclusión, permanece apartado y oculto.

En sentido estricto, lo sucedido en Zorrotza era imprevisible. De igual modo, era totalmente previsible que si en este entorno ocurría un «accidente», casi cualquiera, las consecuencias podían ser humanamente devastadoras, como finalmente han sido. Los vecinos llevan denunciando esta situación décadas, la degradación de la zona se ha agravado y los representantes políticos son plenamente conscientes de esta realidad.

No cabe culpar de todo a la fatalidad
El fuego es aparentemente ciego, pero los incendios tienen relación con el contexto social en el que se dan. Un estudio del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de los Bomberos de Barcelona, presentado el pasado febrero, ha establecido qué barrios tienen mayor riesgo de sufrir incendios. Para ello han cruzado un mapa de zonas basado en un estudio geoestadístico y otro con elementos socioeconómicos. Los parámetros utilizados en este análisis son la cantidad de personas sin estudios, la formación, el índice de soledad, la edad, el desempleo, la participación electoral, el nivel de renta, la densidad de comercios, el número de extranjeros, la cantidad de viviendas superiores a 150 metros cuadrados y cuántas fueron construidas antes de 1941.

Estos patrones establecen claramente que la exclusión tiene relación directa con el riesgo de este tipo de accidentes, igual que lo tiene con la menor participación política, con una menor esperanza de vida o con el acceso a derechos básicos.

En general, la desigualdad, acrecentada en nuestra sociedad por la crisis, está generando grandes bolsas de excluidos, espacios de desamparo social y económico, colectivos marginados y personas que padecen vidas hirientes, inaceptables según nuestros estándares oficiales. Son periferias que por el hecho de no mirarlas no van a desaparecer, que no van a evaporarse porque no casen con el relato oficial, sino que probablemente crezcan y se vuelvan más duras. La casa incendiada y otras muchas de las degradadas periferias urbanas de Euskal Herria contienen esa realidad cotidianamente, aunque solo sepamos de ellas cuando sucede lo peor, lo que aparentemente es inevitable pero sin embargo se puede prevenir.  

Responsabilidad más allá de discursos
Si no somos capaces de soportar públicamente la atribución de responsabilidades sobre las partes más oscuras de nuestra realidad social, tenemos un serio problema para hacer un diagnóstico acertado y gestionarlo. Pero, una vez más, el debate corre el riesgo de quedar en una atribución de culpas basada en discursos prefijados sobre el éxito o el fracaso de las visiones particulares sobre el país y la política. De nada sirve tener razón si no se es capaz de cambiar esta realidad. Y lo sucedido ayer evidencia que urge cambiarla.

Con honradez y responsabilidad, hay que establecer como prioridad social inhibir todos esos factores que abonan este drama, desde los discursos hasta las condiciones de vida de esas comunidades. Hay que catalogar, priorizar, diseñar, compartir, experimentar y evaluar las medidas que permitan limitar estos riesgos, que nunca podrán eliminarse del todo, para construir una sociedad más justa y cohesionada, solidaria e igualitaria.