El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, en el mismo debate de los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco en el que aseguró que «jamás promovería ni promulgaría la independencia si fractura socialmente» subrayó que gracias al autogobierno la CAV era «lo más parecido a un Estado sin Estado». Y siguiendo con el argumento, dijo que con el Estatuto de 1979 los vascos éramos «más fuertes, más soberanos y más independientes». El anuncio del Gobierno español de recurrir la Ley de Vivienda y la del Fracking, ambas respaldadas por una amplia mayoría social y política, dice mucho y no habla precisamente bien sobre cuál es el nivel de autogobierno y hasta qué punto está supeditado ante decisiones ajenas a la voluntad de la ciudadanía vasca y la de sus representantes.

No hacía falta que Madrid recurriera estas dos leyes ante el Tribunal Constitucional para poner en su sitio las supuestas virtudes del actual marco o el falaz argumento de que la ciudadanía de este país se autodetermina cada vez que vota o lo hacen sus representantes electos. La realidad ha puesto en evidencia en incontables ocasiones que cualquier recurso o decreto, por extravagante que sea, prevalece sobre la decisión legítima de las instituciones de la Euskal Herria peninsular. Basta recordar cómo un Gobierno que quiere abonar la paga extra a sus trabajadores y que dispone de dinero suficiente para ello, sencillamente no puede hacerlo porque así lo ordena su superior de turno, el Ejecutivo de Madrid. Ese es el nivel de autogobierno, o quizá mejor, la falta de nivel.

Urkullu no mostró ayer convicción en la defensa de las decisiones del Parlamento de Gasteiz. El «ya lo avisé» como argumento no sirve para disimular su satisfacción por ver recurridas dos leyes que dejaron a su partido en soledad. Mejor hacer menos propaganda y una reflexión más profunda sobre las herramientas con las que cuenta este país para organizar su vida en todos los aspectos.