Ayer se celebró una huelga en la enseñanza no universitaria de la CAV y en el consorcio Haurreskolak para denunciar la falta de medios y de personal que sufren los centros de enseñanza como consecuencia de los crónicos recortes presupuestarios. Los sindicatos convocantes exigieron asimismo la paralización de las reformas educativas impulsadas con la Lomce y Heziberri. De la habitual guerra de cifras entre convocantes y Administración se deduce que la jornada de huelga tuvo un amplio seguimiento que el Gobierno no consiguió ni minusvalorar ni ocultar. El importante apoyo conseguido por los sindicatos es un claro indicativo del malestar generalizado que existe en el ámbito de la enseñanza.

A pesar de los discursos grandilocuentes sobre el gasto social, el presupuesto de Educación que se está debatiendo estos días en el Parlamento de Gasteiz no alcanza todavía la cuantía de los años anteriores a la crisis. Y la falta de dotación presupuestaria afecta a todo el sistema educativo. Directamente a la comunidad docente que ve como su número se estanca mientras aumenta la cantidad de alumnos. Indirectamente a las familias que han tenido que asumir –las que han podido– un mayor gasto en actividades educativas para sus hijos. Todo ello incide en la calidad, tal y como reflejan los informes tipo PISA que, aun con todas las reservas, evalúan competencias, y en el mantenimiento de las desigualdades sociales, tal y como constata la organización Save The Children en reiterados informes.

La falta de inversión está provocando un deterioro generalizado en la calidad de la enseñanza vasca, tanto en su vertiente educativa como social. La comunidad escolar encendió ayer la voz de alarma y exigió un cambio de rumbo. Es tiempo de que el Gobierno modifique también sus prioridades. Si de lo que se trata es de construir un país donde las personas sean lo primero, conviene sustituir cemento por inversión social, especialmente en enseñanza.