El sindicato LAB presentó ayer una denuncia contra el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), a cuyos responsables acusa de prevaricación por negar a exprisioneros vascos, desde hace ya casi tres años, el llamado subsidio de excarcelación. Una ayuda a la que todas las personas excarceladas tienen derecho durante sus primeros 18 meses en libertad y que en la actualidad se limita a unos magros 426 euros al mes. El montante es sin duda escaso y muchas veces insuficiente, pero sin embargo supone una importante ayuda para quien sale de prisión sin recursos económicos a su disposición.

El escándalo no es nuevo. Fue en 2014, como una rabieta infantil a la excarcelación de presos debido a la anulación de la «doctrina Parot» por parte del Tribunal de Estrasburgo, cuando PP y UPyD pactaron dejar de prestar el subsidio a los presos vascos. La inconstitucionalidad de la medida, insinuada en su día hasta por el PSOE, fue confirmada en junio de 2016 por el mismísimo Tribunal Constitucional, que anuló la treta introducida en la Ley de Presupuestos de 2014. Sin embargo, seis meses después de la decisión del más alto tribunal español, el Gobierno español sigue denegando los subsidios a los presos vascos excarcelados. De ahí la denuncia de LAB, que se dirige contra la secretaria provincial del SEPE en Bizkaia, pero que será ampliada al resto de secretarías provinciales, que justifican su actuación alegando órdenes de Madrid, según destacaron ayer representantes del sindicato.

Resulta difícil encontrar explicación a esta medida de excepción contra los presos vascos –una de tantas– al margen de la pura y dura sed de venganza de las autoridades del Estado. Frente a este obstáculo –el enésimo– en el camino unilateral hacia la paz y la normalización política, cabe destacar el esfuerzo por acoger y acompañar a los presos excarcelados realizado por la sociedad vasca. Un empeño encarnado en colectivos como Harrera y en el que sería de agradecer una mayor y más pública implicación de las instituciones vascas.