La filtración por parte de Greenpeace Países Bajos de una serie de textos de las negociaciones entre EEUU y la Unión Europea para la firma de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP) ha avivado el debate sobre dicho tratado y sobre la forma en la que se está desarrollando su negociación, muy lejos del interés público y general de los habitantes de ambas regiones. La información publicada por la ONG ecologista hace referencia a medidas que supondrían una grave amenaza en cuestiones relacionadas con la protección medioambiental o con normas de precaución en la gestión de sustancias peligrosas. Asimismo, alerta sobre la concesión de mayores cotas de poder a las corporaciones.

Sin obviar los peligros que podrían derivar para la salud y el medio ambiente –de confirmarse las advertencias de la organización–, estas informaciones evidencian una vez más la lacerante opacidad con que se está llevando a cabo el diseño del TTIP. Un tratado guardado bajo llave y al que solo tienen acceso diputados y funcionarios, siempre bajo estrictas medidas de vigilancia. Entretanto, las grandes empresas y multinacionales figuran como partes privilegiadas en las conversaciones. Un trato condescendiente que choca con las muchas barreras establecidas para que el conjunto de la sociedad no pueda conocer qué se está cocinando entre estas dos potencias. Esta falsa imagen de seguridad que se intenta trasladar al preservar toda información relacionada con el TTIP genera justamente la sensación contraria y denota la existencia de intereses ocultos muy alejados de la ciudadanía y cercanos al único objetivo de maximizar los beneficios.

La falta de transparencia en las decisiones de las élites políticas y económicas es una constante preocupante que conviene reconducir. Abrir a debate toda cuestión que implique a la sociedad es necesario en la medida en que es un derecho que corresponde a todo sujeto soberano, pero también para que las instituciones y las políticas que impulsan gozen de la legitimidad que vienen perdiendo.