Hoy, en setiembre de 2014, cuando el fin de la violencia se está consolidando, cuando estamos cerca de cumplir los tres años desde que ETA, de manera unilateral, decidió poner fin a su actividad armada, la política penitenciaria sigue estancada en los mismos parámetros que en 1998. Ni diálogo, ni dinamismo, ni flexibilidad. El Gobierno español sigue empeñado en cerrar los ojos a una realidad que, mayoritariamente, demanda nuevos pasos para afianzar la convivencia en nuestro país.

Esta situación ha movido a Sare, red ciudadana a favor de los DDHH de las personas presas, a reivindicar el próximo 20 de setiembre, en Bilbo, el fin de la política de dispersión que durante 25 años mantiene desperdigados a lo largo y ancho de la península a centenares de presos y presas vascos, fruto de la aplicación de una política penitenciaria vengativa que representa no solo una vulneración de los derechos de las personas presas, sino, lo que es más grave, un castigo añadido a sus familias.

Es urgente una aplicación de la política penitenciaria que ponga punto final al alejamiento de los presos y presas de su lugar de origen, porque esta situación, entre otras cosas, supone un ilegítimo plus de carácter punitivo a la propia ejecución de la pena.

Cabe recordar una vez más que el EPPK manifestó con claridad hace unos meses su decisión de asumir la legislación penitenciaria española y, acorde a ello, los presos y presas están dando los pasos necesarios para que les sea de aplicación esta legislación.

Durante años se ha instado reiteradamente a este colectivo a aceptar y asumir esta legislación penitenciaria, y cuando lo hacen, una a una se están rechazando las peticiones de traslado a las cárceles ubicadas en el País Vasco.

Y en esta actitud constante del Gobierno español, resulta una flagrante contradicción que se exija a los presos y presas vascos la solicitud individual de su traslado a otras prisiones y a la vez se esté diciendo que esto no se hará hasta que ETA entregue las armas y se disuelva.

¿En que quedamos? ¿En que son medidas individualizadas o lo son de aplicación al colectivo?

La dispersión fue fruto de una despreciable decisión política, aprobada por el inefable ministro de Justicia Enrique Múgica, y por ello política tiene que ser también la decisión de terminar con ella.

Todo lo relacionado con las víctimas de la violencia tiene un lugar preferente. Y me parece bien, porque no hay sociedad que se construya cabal y democráticamente sin verdad, sin memoria, sin reparación y sin justicia. Pero ello no puede implicar dejar en el olvido cuestiones que resultarán claves para una convivencia definitiva.

«Pasar olímpicamente de las reivindicaciones que plantean los presos», como ha pedido el portavoz del PP en el País Vasco, denota una gran falta de visión política, posiblemente fruto de su envidiable juventud. Porque las personas presas por motivación de violencia política son asunto de todos. No solo de una parte de este país. Son un problema de esta sociedad que dice ser democrática.

Somos muchos y muchas quienes asistimos, con cierta envidia, ante la dinámica de otros procesos de paz, como el ya finalizado en Irlanda o el que continúa desarrollándose en Cuba entre la guerrilla y el Gobierno colombianos. Son países que han sufrido durísimos conflictos y han sabido encarar el problema planteado con las personas presas. Y lo han hecho o lo están haciendo construyendo una memoria inclusiva, donde todas las partes implicadas puedan reconocerse. Una memoria donde los «suelos éticos» sean una exigencia para todos. Y no solo para una de las partes.

Cada uno ha tratado de hacerlo a su modo, con sus criterios. Por tanto, no hay reglas más allá de las que demanda la legalidad internacional y el respeto a los derechos humanos.

Cuando el Gobierno español se empeña en continuar vulnerando su propia Ley, lo hace porque se siente fuerte, porque no existe una posición política que le inste a cumplirla, porque existen unos medios de comunicación que, con su silencio, hacen invisible esta vulneración de derechos. Medios de comunicación o partidos políticos que, con alguna excepción, levantan su voz y denuncian esa vulneración de derechos cuando se produce lejos de sus fronteras y callan ante las injusticias que se comenten cerca de su casa.

Como dice Atxaga, aunque no expresamente relacionado con este problema, «hay quienes se preocupan de lo lejano, para no comprometerse ni con lo de allí, ni con lo de aquí».

Hay quien sostiene que el problema de los presos no forma parte de la agenda social de la mayoría y piensan que con el fin de ETA prácticamente amortizado, las prioridades estarían en otro lado. En mi opinión, este punto de vista es erróneo. Es cierto que el foco está hoy en el paro y los terribles embates contra el estado de bienestar, pero sería una equivocación mayúscula ignorar que nuestro reto como sociedad vasca que ha vivido, padecido y sufrido la violencia, no solo la de ETA, es lograr mirarnos unos a otros a la cara sin sentir odio ni desprecio, sin necesidad de venganza.

Por eso, esta situación tiene que cambiar. Si el Gobierno español tiene algún interés sincero de contribuir a la paz, debe revisar los criterios de aplicación de una política penitenciaria del pasado que no sirven para un tiempo nuevo. Un tiempo de ilusión. Continuar cerrando los ojos a esta situación no la hará desaparecer.

Creo que lo fundamental es la voluntad de afrontar el debate para buscar una salida que cuente con el mayor respaldo posible. Y si únicamente se miran los horizontes electorales, si el cortoplacismo se impone a la hora de abordar los asuntos públicos, las situaciones complicadas tienden a convertirse en irresolubles. Sin embargo, el Gobierno español no quiere arriesgar y entrar en cuestiones que podrían tener costes internos.

Pero no nos podemos dar por vencidos. Al contrario, debemos trabajar aún más para que fragüe una auténtica marea social que aúne a ciudadanos y ciudadanas con ideologías diversas contra la dispersión y a favor de asentar la paz. El fin de la política de dispersión es hoy el objetivo prioritario, central. Mirar hacia delante, pensar en una sociedad en la que la paz y la convivencia sean caracteres esenciales exige que el Gobierno español apueste por cerrar definitivamente este trágico tiempo de violencia de forma civilizada y ordenada.

Será imprescindible ir «todos a una» o, al menos, cuantos más mejor. Tejer complicidad entre las diversas sensibilidades del país para desbloquear la situación es una exigencia. Vivimos en una normalidad muy aparente, pero con menos nervio del necesario y con muchas heridas todavía abiertas. Si a todos nos interesa cicatrizarlas bien, asegurar la paz y la convivencia, todos debemos responsabilizarnos. Enredarnos en aquello que nos enfrenta solo conseguirá hartar más a los ciudadanos. En este sentido, recomendaría un trabajo concertado y silencioso de fuerzas políticas e instituciones, con la alianza de la Universidad. Primero para la reflexión, en la que muchos llevan tiempo trabajando, y luego para la acción.

Seguir como hasta ahora, tropezando con las mismas piedras, es francamente desalentador. Se ha dicho más de una vez que sin violencia se puede hablar de todo. Pues hablemos sin prejuicios, sin reservas, sin miedos, sin cálculos electorales. Para un futuro mejor.

No hay más solución que la palabra y la movilización pacífica. A esto nos está invitando Sare este 20 de setiembre en el Bilbo Arena.

Sin duda, este será un camino largo, complicado y difícil. Pero esta pacífica batalla por una paz definitiva la vamos a ganar quienes apostamos por una convivencia donde el maniqueísmo del vencedores y vencidos quede desterrado para siempre, cerrando de esta forma la puerta al sufrimiento y abriéndola a la esperanza.

Hoy, concentremos nuestros esfuerzos en poner fin a la política de dispersión. Mañana, continuaremos trabajando para que las consecuencias del conflicto político violento que ha vivido nuestro pueblo, también, encuentren una solución justa para las víctimas de esta violencia, a las que debemos reconocimiento, respeto y apoyo y también, en la exigencia de decisiones políticas, que posibiliten que el fin de la violencia lleve aparejada la salida de prisión de los presos y presas vascos, que son parte de las consecuencias de este conflicto.