El anuncio realizado por la Comisión Internacional de Verificación (CIV) certificando el inicio por parte de ETA de un proceso necesario para el desarme constituye un paso de gran envergadura hacia la solución del conflicto. No cabe valorar de otra forma que una organización que ha practicado la lucha armada durante más de cuatro décadas, la mayor parte de su historia, haya decidido poner fuera de uso su armamento y los explosivos que tiene en su haber, para lo que ya he efectuado un primer sellado  en presencia de terceros. Es también un movimiento que inevitablemente debe enmarcarse en el proceso emprendido hace más de dos años, un nuevo hito, muy importante, que sucede a otros pronunciamientos y acciones encaminadas a afianzar la decisión histórica de octubre de 2011. La organización vasca anunció hace dos semanas que iba a realizar aportaciones significativas en un breve espacio de tiempo y lo que los verificadores acaban de trasladar a la opinión pública vasca cumple sin duda con esa definición, como el propio Ram Manikkalingam ha destacado.

No puede hablarse, en este sentido, de un mero «gesto», palabra que lleva aparejado un componente simbólico y que de forma interesada se ha utilizado en los últimos días en diferentes ámbitos para referirse a lo que hoy iban a anunciar los verificadores internacionales. El CIV, por cierto, ha dejado en muy mal lugar a aquellos que hace meses auguraban que la comisión internacional iba a cesar su actividad, cuando en realidad estaba abordando con ETA posibles fórmulas para avanzar en la solución a pesar de la cerrazón estatal, unos contactos que, a la vista está, están dando sus frutos. No es momento de gestos, sino de fijar los procedimientos y actuaciones que exige la agenda resolutiva, una agenda que incluye todo lo referido al desarme, pero también otros aspectos relevantes, para que los actores implicados adopten compromisos en torno a ellos y actúen en consecuencia. Es ahí donde hay que situar la decisión de ETA, dentro de un contexto que demanda cada vez más compromisos, cada vez más firmes y que impliquen a cada vez más agentes vascos e internacionales.

Es posible, incluso probable, que el Gobierno español responda a este nuevo compromiso con acciones adoptadas en sentido contrario, encaminadas a apuntalar su estrategia meramente represiva. No sería la primera vez. La comparecencia del ministro de Interior, una hora antes de la intervención del CIV ante decenas de periodistas, parecía destinada a contraprogramar lo que iba a ocurrir en Bilbo, pero Madrid cada vez tiene menos capacidad de poner sordina a lo que es evidente para todo el mundo, el inicio de un nuevo tiempo. De hecho, las palabras de Jorge Fernández Díaz, que han transmitido una cierta imagen de patetismo, engarzadas con las de Manikkalingam, solo sirven para constatar la existencia de dos posiciones contrapuestas; una favorable a la solución y ampliamente mayoritaria en Euskal Herria, y otra, encabezada por el Ejecutivo del PP, que pretende anclar a este país al pasado. Con este nuevo paso dado por ETA, la primera posición es más fuerte que antes, mientras que quienes solo saben ofrecer «más de lo mismo», siguen perdiendo pie, incapaces de perpetuar el bloqueo.