Beatriz, nombre figurado, tiene 22 años. Con un hijo de un año que requiere de cuidados especiales al haber nacido prematuramente -a los siete meses de gestación- y con escasos recursos económicos, su vida corre un serio riesgo en caso de continuar con su segundo embarazo. Sufre lupus, una enfermedad que desgasta el sistema inmunológico, e insuficiencia renal. Además, el bebé que espera no tiene posibilidad alguna de que sobreviva fuera del vientre materno porque no tiene cerebro.

El 14 de abril, los médicos que la atienden advirtieron que era necesaria la interrupción del embarazo porque, de lo contrario, podría fallecer por una hemorragia obstétrica grave, por el agravamiento del lupus, un empeoramiento del fallo renal o por una preeclampsia que se puede manifestar a través de una hemorragia cerebral o un tromboembolismo pulmonar.

Pero, las leyes en El Salvador, donde la Iglesia ejerce una fuerte influencia, prohíben el aborto en todos los supuestos, con elevadas penas de cárcel.

El caso de Beatriz ha tenido una amplia repercusión en el país centroamericano y a nivel internacional. La propia ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, la Comisión Nacional de Bioética, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitaron la intervención del Estado salvadoreño para salvar la vida de esta joven, a quien la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha denegado la demanda de amparo que había presentado contra el director y el jefe de perinatología del Hospital Nacional de Maternidad, en el que está ingresada, por vulnerar su derecho a la vida y a la salud.

Tres de los cinco magistrados de la Sala han concluido que la Constitución otorga protección a la persona humana «desde el instante de la concepción» y que «los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobre los del nasciturus ni viceversa».

Sin embargo, ayer la CIDH emitió medidas provisionales a favor de la joven y pidió que se le practique el aborto terapéutico, dejando sin efecto la resolución de la Sala Constitucional. La CIDH exigió al Estado que adopte «de manera inmediata las medidas necesarias para proteger la vida, integridad personal y salud» de la mujer.