Profesionales médicos denuncian el trato inhumano e ilegal hacia Iparragirre

El colectivo Jaiki Hadi, que agrupa a profesionales del ámbito médico, ha comparecido en Bilbo para mostrar su preocupación por la situación de los presos gravemente enfermos y, en particular, por el trato que se está dispensando a Ibon Iparragirre. Han recordado que se trata de un paciente en fase terminal y han denunciado que pedir «más y más informes» es una estrategia para robarle «el escaso tiempo que apenas tiene para ejercer el derecho básico de todo ser humano a afrontar con dignidad el final de su vida».

NAIZ|BILBO|2017/12/02 13:15|Iruzkin 1
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Miembros de Jaiki Hadi, durante la rueda de prensa hoy en Bilbo. (Aritz LOIOLA/ARGAZKI PRESS)

Profesionales de la medicina, entre los que han ejercido como portavoces Oihana Barrios, Fernando Arburua y Mati Iturralde, han vuelto a reunirse este sábado en Bilbo en una comparecencia ante los medios en la que han señalado que ocho meses después de su última aparición pública la situación de los presos vascos enfermos ha empeorado, ya que dos miembros más del colectivo se suman a la relación de enfermos graves, Mikel Arrieta y Mikel Otegi. Han indicado que en este momento preocupa especialmente la situación de Ibon Iparragirre. Su caso, según han señalado, «nos obliga a interpelar públicamente a todos los responsables de la situación de encarcelamiento de este paciente en fase terminal».

Médicos integrantes de Jaiki Hadi han recordado que Iparragirre está privado de libertad pero no de otros derechos que le asisten. Han explicado la delicada situación en la que se encuentra y su incompatibilidad con la estancia en prisión, dado que padece ya «secuelas y déficits neurológicos discapacitantes como ceguera parcial y demencia». «Hace año y medio que el juez de vigilancia penitenciara tiene en su mesa el expediente para la aplicación del artículo que el código penal contempla en la situaciones en que un preso padezca una enfermedad terminal», han recordado, para denunciar que las autoridades judiciales y penitenciarias están llevando a cabo una estrategia de dilación en la toma de decisiones. «Dilatar la respuesta en el tiempo es un claro ejercicio de crueldad y de trato inhumano y degradante por parte del sistema judicial y penitenciario», porque supone «robarle el escaso tiempo que apenas tiene para ejercer el derecho básico de todo ser humano a afrontar con dignidad el final de su vida».

Jaiki Hadi ha apuntado que esta situación tiene responsables directos, empezando por el subdirector médico de Alcalá Meco y que es «el responsable de velar por la salud de los presos y de iniciar el procedimiento para solicitar su excarcelación en casos de enfermedades graves e incurables». El colectivo ha responsabilizado asimismo al juez de Vigilancia Penitenciaria, de quien han destacado que es conocedor del caso de Ibon Iparragirre desde hace año, ya que es el mismo que excarceló al preso de Ondarroa en 2011 por su estado de salud,y el avance de la misma es «indiscutible», según han agregado.

Instrucción de «policía sanitaria»

Los profesionales médicos han destacado, asimismo, la responsabilidad de Instituciones Penitenciarias y la instrucción «injusta, inhumana e  ilegal» emitida el pasado febrero en el sentido de alargar la liberación hasta los últimos días del preso enfermo. Tal y como han subrayado, se asigna a los médicos de la sanidad penitenciaria una función de «policía sanitaria», teniendo que «determinar cuándo el paciente está en la fase final de su vida con muy corta expectativa de vida». «Supone la utilización de la figura del médico para realizar una labor que dista mucho de lo sanitario y éticamente inadmisible, y por supuesto, vulnera el derecho del paciente a vivir con dignidad la última fase de su enfermedad», han manifestado.

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