El asesor jurídico de las FARC en la mesa de conversaciones de La Habana, Enrique Santiago, denunció en declaraciones a GARA que la detención el lunes del exnegociador plenipotenciario Jesús Santrich, acusado de conspirar para el envío de cocaína a Miami, responde a una «operación muy calculada por parte de Estados Unidos para lograr la extradición de los excomandantes de las FARC, apartar el foco de los verdaderos problemas de la implementación», como son los incumplimientos por parte del Estado y el paramilitarismo, y crear una matriz de opinión contraria al partido FARC. «Washington siempre ha empleado el mecanismo de la extradición como una forma para incidir en la política colombiana. Es evidente la falta de compromiso con el proceso de la nueva Administración desde la victoria de Donald Trump», remarcó.

«Según las autoridades estadounidenses, los hechos atribuidos a Santrich se vienen produciendo de manera continuada desde hace diez meses en Bogotá, cuando Santrich vive rodeado de miembros de la Policía Nacional encargados de su custodia. Me llama la atención que la autoridad judicial colombiana no tuviera conocimiento de ello. No concuerda». Incidió en que hasta la fecha todas las actuaciones de la Fiscalía han sido contrarias al proceso y a los acuerdos de La Habana.

Advirtió de que este arresto puede aumentar «el escepticismo y desconfianza» de los exguerrilleros que se encuentran en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, e influir en las elecciones presidenciales del 27 de mayo. A día de hoy, el candidato del uribismo Iván Duque es quien lidera la intención de voto.

El abogado colombiano Gustavo Gallardo recordó las advertencias hechas por el propio Santrich en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) de que «contra él se estaba fraguando un montaje. Tiene pruebas de ello». Gallardo acusó al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, de «prevaricar» porque «no tenía competencias» para ordenar la detención de Santrich ni el registro de su vivienda, lo que correspondería a la Jurisdicción Especial para la Paz. Afirmó que las supuestas pruebas presentadas por la DEA son «ilegales».

En un mensaje enviado a través de su abogado, Santrich pidió a los exguerrilleros que «tengan la plena certeza de que no es un narcotraficante. Estamos atravesando el plano de la perfidia».