Jurídicamente, el origen del problema consiste en que los inmuebles utilizados por la Iglesia no han estado registrados a nombre de nadie, igual que no lo están las plazas o los parques de los pueblos, considerados de uso público. Pero ya Franco concedió en 1946 a la Iglesia católica la posibilidad de poner a su nombre los solares en que se asientan estos inmuebles, y los obispos no dejaron pasar la ocasión, desde mediados del siglo pasado. Sin embargo, fue en 1998, con la nueva Ley de Hipotecas aprobada por el gobierno del PP de José María Aznar, cuando a la institución religiosa se le ofreció en bandeja la oportunidad para hacerse con la propiedad de ermitas, iglesias y catedrales.
La nueva ley ofrece un privilegio indudable a la Iglesia. Si en el caso de un piso o un terreno privado su dueño ha de presentar los correspondientes títulos de propiedad (las escrituras ante notario) para demostrar que lo es, y así poder alquilarlo o venderlo, en el caso de los edificios religiosos basta con que el obispo en cuya diócesis se encuentra el inmueble afirme que pertenece a la Iglesia. Se procede a la inmatriculación o registro y ya está; la propiedad del inmueble queda, prácticamente, asegurada para la institución eclesial. En cuestión de inmatriculación, la Iglesia disfruta exactamente de la misma potestad que el Estado.
Decimos «prácticamente asegurada» porque cabe la posibilidad de que los ayuntamientos afectados logren presentar los documentos que acrediten que determinada iglesia o ermita es suya, pero tal posibilidad es remota. Los tribunales han fallado mayoritariamente en favor de la Iglesia cuando las demandas han llegado a juicio, pero también hay sentencias en sentido contrario. El Ayuntamiento de Garisoain inmatriculó a su nombre la ermita del Pilar, provocando la denuncia del Arzobispado de Iruñea y Tutera, que fue desestimada por el juez tras comprobar las facturas abonadas por el municipio por los trabajos de rehabilitación del inmueble. En sentido contrario, dio la razón a la Iglesia cuando el Ayuntamiento de Irañeta inscribió la ermita de San Gregorio, afirmando que los medios humanos y materiales destinados por el Ayuntamiento al mantenimiento del edificio son solo «ayudas».
En el caso de la iglesia de Iratxeta (ver vídeo), los vecinos del pueblo han llegado a contraer -y pagar- créditos bancarios para llevar a cabo las obras de mejora del edificio, que sin embargo ha pasado a ser propiedad del Arzobispado. Más escandaloso aún es el caso de Ziritza, donde el Arzobispado inscribió la iglesia, la casa cural y la casa de la maestra, para a continuación vender las dos viviendas por 202.000 euros. En Leoz, al Ayuntamiento no le ha temblado la mano para imponer una fuerte multa a la Iglesia por no haber cuidado adecuadamente tres ermitas que ahora están en ruinas: el Arzobispado le ha propuesto devolver los tres edificios al pueblo, a cambio de librarse de la sanción. Eso sí, de restituir las restantes iglesias y ermitas que ha inmatriculado a su nombre, nada.
El hecho cierto es que de 1998 a 2007, el Arzobispado de Iruñea y Tutera inmatriculó a su nombre 1.087 inmuebles: 651 parroquias, 9 basílicas, 191 ermitas, 42 casas curales, 26 almacenes y garajes, 2 pórticos, 8 cementerios, 108 solares, 38 parcelas agrícolas, 12 viñedos, pinares y olivares… y un frontón. La liebre se levantó cuando José Mari Esparza, vecino de Tafalla que estaba escribiendo un libro sobre la historia del pueblo, acudió en 2007 al registro municipal y comprobó que la iglesia de Santa María había sido inmatriculada por la Iglesia pocos meses atrás. Era solo la punta del iceberg. A raíz de su denuncia, se formó la Plataforma de Defensa del Patrimonio de Navarra, que desde entonces combate incansablemente el intento de apropiación por parte de la Iglesia de estos inmuebles y propiedades. La situación es similar en el resto de Euskal Herria, y en el Estado español, por lo que desde la plataforma navarra abogan por la extensión del movimiento de denuncia. «Estoy asombrado -afirma Pedro Leoz- de que en Gipuzkoa, Araba y Bizkaia apenas se haya levantado la voz». La última inmatriculación conocida en Gipuzkoa ha sido la del solar de la catedral del Buen Pastor donostiarra, formalizada el pasado 7 de julio.
