El decreto ley de Medidas Urgentes para Reformar la Protección de Deudores Hipotecarios ha salido adelante con los 185 votos de PP y UPyD, las abstenciones de Foro Asturias (FAC) y CC-NC, y el rechazo de los 146 diputados del resto de grupos.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha defendido la normativa, mientras que la mayor parte de los grupos de la oposición la han considerado insuficiente y demasiado restrictiva en sus criterios.

De Guindos ha asegurado que más de 600.000 familias se podrán acoger a los alquileres sociales y hasta 120.000 gozarán de la moratoria de dos años en las ejecuciones hipotecarias.

Ha señalado que «el decreto actúa a futuro, evitando que se desaloje de su casa a una serie de familias muy vulnerables», pero también busca proteger a las familias que ya han sido desahuciadas en el pasado. «Con este planteamiento se intenta cubrir a quienes no pudieron tener el amparo en el pasado».

PSOE e Izquierda Plural han anunciado que presentarán enmienda de totalidad, que debe ir acompañada de un texto alternativo, así como enmiendas parciales para abordar reformas más profundas en la Ley Hipotecaria y en asuntos como los intereses de demora, los procesos de subasta o los mecanismos de tasación.

«Inútil, remiendo, parche, vergüenza....»

El diputado de Amaiur Sabino Cuadra ha recordado que el derecho a la vivienda está recogido en la Constitución española, y que el Estado debería impedir la especulación. Ha considerado que el decreto es una «tomaduras de pelo» y ha recordado que «la gente no carece de vivienda porque estas no existan» sino porque se prima el derecho de los bancos. «No faltan pisos, sino vergüenza», ha destacado.

La diputada de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha calificado el decreto de «remiendo». «No hemos sabido responder a este drama», ha lamentado, al tiempo que ha recordado que «el problema no es la morosidad, sino la usura» de las entidades financieras.

El portavoz de IU-ICV, Joan Coscubiela, ha criticado que el Gobierno del PP haya «intentado engañar a los ciudadanos con lavados de cara» como el Código de Buenas Prácticas de marzo o este decreto. A su juicio, «la dación en pago es la única medida justa para resolver un desequilibrio profundo entre deudores y acreedores» y para repartir de una forma más equilibrada los costes de la crisis, pero no se lleva a cabo porque el decreto ha sido «redactado por la patronal bancaria».

La portavoz de CiU, Lourdes Ciuró, considera que «una moratoria no es una solución», sino que ofrece únicamente un «parón» en las ejecuciones que, con las condiciones que recoge el decreto, ni siquiera garantiza que durante los próximos dos años no se vayan a acumular más intereses que al final generen una deuda completamente inasumible a las familias.

En la misma línea, el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, ha señalado que, aunque es «lógico solucionar primero los casos más sangrantes», este decreto es «tan limitado que es casi inaplicable», además de que llega «demasiado tarde» para muchas familias.

Joan Tardá, de ERC, ha reprochado tanto a PSOE como a PP sus rechazos constantes a las iniciativas de este tenor que se han debatido. «Que cada cual cargue con su mochuelo, pero la sociedad de debe tomar las medidas que no toma este Parlamento y dejar de ser cómplices retirando el dinero de los bancos que desahucian a las personas», ha reclamado.

Joan Baldoví (Compromís-Equo), ha espetado al PP que «ustedes no tienen corazón», al tiempo que ha calificado el decreto de «inútil» y de «puro maquillaje barato y chillón».

La portavoz parlamentaria del BNG, Olaia Fernández Davila, cree que el Ejecutivo español «ha cedido a la presión de la banca» y solo busca «calmar la presión pública», sin tener en cuenta ni las propuestas de los jueces ni a las iniciativas de la oposición. «El decreto es insuficiente, injusto y limitado. Es una tomadura de pelo, no es ni un parche», ha denunciado.