Aingeru, Iraia, Alex y Lourdes se unirán a la huelga general con la esperanza de que no sea «una más», sino un primer paso hacia la transformación social. Necesitan una salida.

Desde setiembre de 2011, Aingeru Azpiolea forma parte de los más de 230.000 parados que hay en Hego Euskal Herria, tras haber perdido su empleo como escayolista en la construcción, sector al que la crisis cogió de pleno. Sopesó la idea de trabajar junto a sus compañeros como autónomos, pero las cartas no jugaban a su favor. «Con los precios que había en las obras no nos daba ni para comer a los tres», explica.

Así las cosas, tomó la determinación de hacer frente a su situación de una manera activa y constituyó, junto con otros compañeros, el colectivo de desempleados de Sestao, donde la sensación de abandono por parte de las instituciones es cada vez mayor entre los miles de parados de Ezkerraldea. 

Cree que la sociedad está «acomodada» y «asustada», ante lo que advierte de que se están poniendo en juego derechos fundamentales. «Cuando esto se acabe se darán cuenta del tiempo perdido y de lo que no se ha peleado, porque todo esto lo vamos a pagar. Nos vamos a encontrar con unos convenios por los suelos, no vamos a tener seguridad social, vamos a tener que pagar la enseñanza...».

Iraia Lizarbe, empleada de Acciona: «La ley les deja hacer lo que quieran a las empresas»

Hace cuatro años que Iraia Lizarbe (Tutera), técnica informática, comenzó a trabajar en Acciona Energía, cuando tenía 24 años, prácticamente al terminar los estudios. Ahora, como presidenta del comité de empresa, las movilizaciones y asambleas en torno al ERE de extinción planteado por la firma centran su día a día, con el objetivo de evitar los 58 despidos que hay sobre la mesa.

Lizarbe explica indignada que las cuentas del último trimestre muestran que la empresa obtuvo beneficios, pero la dirección alega «razones económicas» para ejecutar los despidos.

«Cuando los comités no pueden hacer nada, la justicia no está de su parte, tampoco las leyes y los gobiernos... no queda otra vía que la movilización», sostiene.

Alex Oiartzabal, pensionista: «La situación de los pensionistas es cada vez más dramática»

El optimismo y la preocupación se entremezclan en Alex Oiartzabal, de 71 años y pensionista de Gipuzkoako Duintasuna Elkartea, al expresar sus impresiones sobre el presente y futuro de los pensionistas y de la ciudadanía en general.

Relata que en Euskal Herria hay unos 650.000 pensionistas, de los que casi un 60% no pasa de los 700 euros al mes. A ello hay que añadir que alrededor del 25% de estas personas son viudas.

Considera que «hay mil razones para apoyar la huelga, ahora debemos ser capaces de dar pasos hacia la transformación social y económica de este país, además en clave soberanista».

En esta línea, ve en la Carta de Derechos Sociales una herramienta muy valiosa que confía sea capaz de aglutinar a la sociedad vasca. «Hay que generar ilusión», concluye.

Lourdes Barragán: «El miedo es el instrumento perfecto para paralizarnos»

Osakidetza, uno de los pilares más fuertes del sector público vasco, se tambalea. Lo sabe bien Lourdes Barragán, operaria de cocina en el Hospital Donostia desde 2005, quien asegura durante una larga conversación sobre el estado del ente público de salud que «los servicios públicos se van al garete». Su principal preocupación, como la de muchos de sus compañeros, es la bajada de la contratación, que en el primer trimestre de 2013 se redujo en un 27,85% respecto al año anterior. A ello se suma la reciente aplicación, vía decreto, del aumento de jornada laboral anual a 1.614 horas, poniendo fin al histórico logro de las 35 horas semanales.

Apela a la concienciación de la ciudadanía sobre el carácter que está tomando el servicio. «Ya solamente el hecho de cómo Osakidetza ha cambiado la forma de llamar al paciente a cliente dice mucho», advierte, y lanza una pregunta a Lakua: «¿Cómo vas a gestionar esto, como un ente público, como un bien social o simplemente quieres que no sea deficitario?».

Frente a esta avalancha de ajustes sale en defensa de la calidad de los servicios públicos. «Tenemos un Estado que decide si nos jubila o no, cuándo nos jubila y qué hace con nuestro dinero. Y la gran pregunta que tenemos todos es: ¿qué ha hecho con nuestro dinero?».