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MADRID

Las víctimas del franquismo celebran la orden de detención contra cuatro torturadores

«Estamos ante un momento histórico». Ana Mesutti, abogada de la querella interpuesta en Argentina contra los crímenes del franquismo, ha destacado la importancia de la resolución adoptada por la juez María Servini, que dictó una orden de arresto contra cuatro torturadores durante la dictadura.

La abogada Ana Mesutti, junto a Manuel Blanco Chivite y Bonifacio Sánchez, representantes de dos de las organizaciones de víctimas de la represión. (NAIZ.INFO)
La abogada Ana Mesutti, junto a Manuel Blanco Chivite y Bonifacio Sánchez, representantes de dos de las organizaciones de víctimas de la represión. (NAIZ.INFO)

«La magistrada ha respondido al pedido de los querellantes», ha indicado la abogada Ana Mesutti sobre la decisión de la jueza María Servini de ordenar la detención de cuatro torturadores del franquismo, en una comparecencia en la que ha estado acompañada por Manuel Blanco Chivite y Bonifacio Sánchez, representantes de dos de las organizaciones de víctimas de la represión.

Según la letrada, la pelota está ahora en el tejado del Gobierno español, que deberá responder al requerimiento de la Justicia argentina. «No sé cuáles son las intenciones del Ejecutivo, pero negarse a aceptar el requerimiento habiendo suscrito tratados de colaboración no le deja en buen lugar», ha señalado. «Durante la dictadura franquista, España fue refugido de nazis. Ahora, la democracia no puede proteger a torturadores», ha añadido Blanco Chivite.

Mesutti ha explicado que el Gobierno que preside Mariano Rajoy debería decretar ahora la detención de los cuatro torturadores para que puedan ser extraditados a Argentina, donde serán interrogados. En caso de que el Ejecutivo se negase, queda la opción de que todos ellos pudiesen ser arrestados por la Interpol en el caso de que abandonasen el Estado español, tal y como ocurrió en casos como el del dictador chileno Augusto Pinochet. En principio no hay un plazo estipulado para que Madrid cumpla con el requerimiento, aunque la abogada ha considerado que este debería de ser «razonable», situando la barrera en los seis meses.