La Delegación del Gobierno español en Barcelona ha denegado la visita al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlament de Catalunya, así como al diputado de Amaiur Jon Iñarritu. Las solicitudes se realizaron el pasado 19 de diciembre, instadas por la campaña a favor del cierre del centro ‘Tanquem els CIEs’, poco después de que un ciudadano armenio se suicidase en la celda de aislamiento sin motivos aparentes.

La escueta respuesta de la Delegación, fechada el 3 de enero, es similar tanto para el Parlament como para Amaiur y se limita a señalar que «se está organizando una próxima visita institucional por parte de los diputados y senadores integrantes de las Comisiones de Interior tanto del Congreso de los Diputados como del Senado, cuya fecha se determinará lo antes posible». Eso sí, deja claro al diputado que la visita «no podrá ser en el día que usted propone», que era el 10 de enero.

En las solicitudes también constaban la entrada en el centro de representantes de SOS Racismo, Migra Studium y Tanquem els CIEs, así como de medios de comunicación. En las próximas horas, los solicitantes decidirán cuál será la respuesta a la denegación.

Agresiones y malos tratos

El CIE de la Zona Franca ha sido noticia en los últimos días, al situarse de nuevo en el centro de la polémica tras las denuncias de varios internos de haber sufrido agresiones y malos tratos desde el 31 de diciembre, fecha en la que una cuarentena de internos iniciaron una huelga de hambre para denunciar las precarias condiciones en las que viven, la aceleración de las deportaciones en las últimas semanas y las constantes vejaciones a las que los someten los agentes de la Policía española a cargo de la custodia del centro.

Unos agentes que la semana pasada también denegaron la entrada a una comisión médica que quería atender a los internos heridos –uno de los cuales tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario con la nariz fracturada–. Los internos, sin embargo, ratificaron las denuncias ante dos abogadas que sí que pudieron acceder al CIE.