Representantes de todas las organizaciones sindicales y sociales que han participado en la Carta, entre ellos los secretario generales de ELA, Adolfo Muñoz, y LAB, Ainhoa Etxaide, han señalado la necesidad que «iniciar una fase de socialización y de búsqueda de adhesiones activas, pero también ser capaces de desarrollar un modelo organizativo que sirva para hacer de verdad una red tentacular que permita extender el trabajo cotidiano de esta Carta a todos los rincones de Euskal Herria».

En el acto de presentación llevado a cabo esta mañana, los promotores han explicado el proceso de redacción del documento recordando la primera asamblea celebrada para constituir la Carta, que se celebró el 25 de mayo del 2013 en Eibar, y resaltando que han participado alrededor de 1.200 personas en su elaboración.

Este texto recoge unos «derechos sociales» que servirán «para construir una sociedad más justa mediante otro modelo social y económico propio, decidido y elaborado por las personas que habitan Euskal Herria».

El sistema actual, dice el documento en su introducción, «ha mostrado sus límites para responder adecuadamente a las múltiples necesidades de las personas y del medio, y por ello es preciso y urgente construir uno diferente que resuelva la crisis sistémica actual».

Así, el texto aboga porque «la sostenibilidad de la vida y el buen vivir de las personas serán el centro del sistema socioproductivo de Euskal Herria; el mercado, el capital y la especulación ya no regirán la vida». En esta línea, se apuesta por la preeminencia del sector público y la subsidiariedad de la iniciativa privada.

La carta también recoge que «la legitimidad y legalidad de esta carta residen en última instancia en la voluntad libremente expresada de la sociedad vasca. Esa voluntad será el único requisito para el traslado de los derechos aquí recogidos al marco constitucional y normativo vasco».

Entre los derechos sociales recogidos está la abolición del sistema patriarcal, «que genera explotación y múltiples violencias contra las mujeres», el derecho universal a la protección social, un mínimo energético gratuito para los hogares, el derecho a una muerte digna, a un empleo digno de calidad, y a un subsidio de desempleo indefinido.

En vivienda, se propone un parque público de viviendas de alquiler social que no supere el 15 % de los ingresos de la unidad convivencial, y reivindica la «reconstrucción de una Euskal Herria euskaldun, formada por euskaldunes multilingües».