NAIZ
MADRID

Madrid acusa al Relator de la ONU de «olvidar» a una parte de las víctimas de la guerra del 36

El Gobierno español ha negado al Relator Especial de la ONU sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No-Repetición que los jueces españoles se limiten a archivar sin más las demandas de víctimas del franquismo que solicitan noticias sobre el paradero de sus familiares.

El Relator de la ONU para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, Pablo de Greiff. (ONU)
El Relator de la ONU para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, Pablo de Greiff. (ONU)

En la respuesta que ha remitido la embajadora representante permanente del Estado español ante la Oficina de Naciones Unidas y otras organizaciones con sede en Ginebra, Ana Menéndez califica de «erróneo» afirmar que los tribunales españoles archivan las demandas de víctimas del franquismo y alega que existe la vía de lo Contencioso-Administrativo como la «procesalmente correcta» frente al orden penal.

El Relator de la ONU sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No-Repetición, Pablo de Greiff, denunció en su informe la desatención del Estado español a las víctimas de la dictadura franquista.

El Ejecutivo español acusa a De Greiff de «olvidar» a una parte «significativa» de las víctimas de la Guerra del 36 y de la dictadura que considera que el «mayor triunfo de sus pretensiones frente a las violaciones de derechos humanos padecidas lo constituye la consolidación de la democracia y las garantías de no repetición».

Defiende que la denominada transición española es un «caso especial» ya que la mayoría de las fuerzas políticas parlamentarias aprobó lanzar una reconciliación «sin justicia penal». «El equilibrio entre paz, democracia, justicia y reconciliación se encontró en España a costa de renunciar a la justica penal», ha remachado.

En su respuesta, difundida por Europa Press, la embajadora se remite a la Ley de Memoria Histórica de 2007 para reparar a las víctimas y sostiene que la Ley de Amnistía de 1977 no es «una ley de punto final otorgada por la dictadura para perdonarse a sí misma», sino que fue adoptada por los grupos parlamentarios «plenamente conscientes» de la importancia del paso que estaban dando.

Menéndez afirma que los partidos actuaron entonces movidos por la convicción de que «solo a través del olvido y el perdón era posible la reconciliación».