El informe fiscalizador, aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el pasado 22 de diciembre, analiza el conjunto de ayudas, avales, préstamos y convenios, así como cualquier fórmula de apoyo económico otorgadas por los gobiernos de Madrid y Lakua, así como por las diputaciones, tanto a Epsilon como a Hiriko, que recibieron alrededor de 64 millones de euros en ayudas públicas.

La auditoría llegó al Parlamento autonómico el pasado lunes y fue una de las peticiones del dictamen de la comisión de investigación que analizó las ayudas y atribuyó responsabilidades políticas a cargos del PNV por declarar como estratégicos unos proyectos sin tener «sólidos» fundamentos industriales y sabiendo que existía un riesgo alto de que no lograran sus objetivos.

Ahora, el órgano fiscalizador observa «diversas deficiencias» a la hora de exigir la adecuada justificación de los fondos, así como «incongruencias» en varias líneas de ayudas concedidas.

Especialmente menciona un convenio firmado en junio de 2010 por el Ministerio español de Ciencia e Innovación, cuando gobernaba el PSOE, por el que se concedía a Epsilon una subvención de 1,5 millones sin indicar en qué líneas de investigación se enmarcaba el proyecto ni establecer garantías «pese a la actividad discontinua» de la sociedad, que quebró y entró en concurso de acreedores.

También analiza otro convenio entre ambas partes firmado el 20 de junio de 2011 por 2 millones. En este caso el Tribunal de Cuentas afirma que las «carencias y deficiencias» observadas son iguales al anterior y destaca que se firmó «a pocos días de la declaración judicial de concurso de Epsilon», que «ya había comunicado al juzgado la imposibilidad de atender con normalidad sus obligaciones».

Respecto a los apoyos procedentes de la CAV, el Tribunal de Cuentas afirma que no hay informes que justificaran la «necesidad u oportunidad» del contrato de arrendamiento de unos pabellones con opción de compra firmado entre la sociedad pública vasca Sprilur y Epsilon.

Añade que no se han acreditado los motivos por los que el Parque Tecnológico de Araba realizó en 2009 una cesión de rango hipotecario a favor de Epsilon, algo que «no puede considerarse acorde al objeto social» del citado parque.

Denuncia «deficiencias» en convenios firmados entre el Ministerio de Ciencia y la sociedad Afypaida, empresa matriz de Hiriko, y habla de «falta de prestación de garantías en el pago anticipado».

Asimismo indica que hay ayudas del Gobierno de Lakua otorgadas a Hiriko que superan «el porcentaje de subvención máxima prevista» y en cuya documentación no se deduce que el proyecto cumpliera con las condiciones necesarias para obtenerlas.

El Tribunal también hace recomendaciones en su informe y emplaza a los órganos gestores de las ayudas a realizar un «análisis más profundo» de la situación económico-patrimonial de los beneficiarios para poder exigir garantías de los fondos públicos entregados.

Además considera que deberían establecerse «fórmulas de coordinación» entre las distintas administraciones públicas cuando están subvencionado el mismo proyecto para «garantizar la racionalidad y eficiencia en el uso de los fondos» y que se reclamen mayores garantías en el caso de que se observen «dificultades» en el desarrollo de los proyectos presentados.

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas también analizó las ayudas a Epsilon concedidas por las instituciones vascas y concluyó que fueron concedidas con arreglo a la normativa vigente, aunque en algunos casos hubo contratos suscritos al margen de los principios de publicidad y concurrencia y consideró «insuficiente» el control a posterior de algunas ayudas.

Este informe abrió una crisis en el seno de este órgano fiscalizador, ya que el entonces presidente, José Ignacio Martínez Churiaque, denunció que su borrador había sido modificado y que se habían «eliminado» prácticamente todas sus conclusiones.

Tapia defiende que hubo «información suficiente»

La consejera autonómico de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, ha asegurado que el Ejecutivo tuvo «información suficiente» sobre Epsilon e Hiriko.

«Vamos a analizar muy bien lo que dice el informe y haremos la alegaciones correspondientes, como se hace en cualquier caso», ha comentado en Radio Euskadi, y ha insistido en que las ayudas se gestionaron «exactamente igual» que en cualquier otro proyecto.

EH Bildu reclama «medidas efectivas»

Por su parte, EH Bildu ha reclamado« medidas efectivas para que no se vuelvan a repetir irregularidades». El portavoz la coalición en las Juntas Generales de Araba, Kike Fernández de Pinedo, ha informado de que ha presentado una pregunta dirigida al diputado general, Ramiro González (PNV), para conocer si tiene previsto reclamar las cuantías que la Diputación alavesa concedió a estos proyectos.

«No podemos olvidar que estas ayudas se otorgaron durante la última legislatura del PNV en la Diputación Foral de Álava y que la institución foral fue avalista de la fallida operación de Epsilon e Hiriko en el Parque Tecnológico de Álava, que se saldó con una deuda de 16 millones», ha recordado.