Naiz
París

La reforma laboral francesa queda definitivamente aprobada

El polémico proyecto de ley de reforma laboral promovido por el Gobierno de François Hollande ha quedado automáticamente aprobado al no haberse presentado una moción de censura después de que el Ejecutivo evitara ayer que fuera votado por la Asamblea.

Las protestas contra la reforma laboral han sido numerosas pero no han frenado al Gobierno francés. (THOMAS SAMSON / AFP)
Las protestas contra la reforma laboral han sido numerosas pero no han frenado al Gobierno francés. (THOMAS SAMSON / AFP)

«Al no haberse presentado ninguna moción de censura (...) el proyecto de ley se considera adoptado en lectura definitiva», ha anunciado el presidente de la Asamblea Nacional francesa, Claude Bartolone, en una breve intervención.

Ante la falta de mayoría absoluta entre los diputados para conseguir luz verde para el texto debido a la oposición de una parte su partido, el PS, el primer ministro, Manuel Valls, recurrió ayer por tercera vez al artículo 49.3 de la Constitución que permite saltarse el voto.

Ese artículo abre la puerta a la presentación de una moción de censura, algo que no ha querido repetir la derecha –lo había hecho en el debate en primer lectura en mayo– y que no han podido hacer los parlamentarios ‘rebeldes’ de la izquierda porque no eran suficientes.

La nueva ley ha suscitado protestas, manifestaciones y huelgas en su contra desde que se conoció su primer esbozo en febrero, aunque su redacción final ha sido modificada tras el acuerdo con los sindicatos llamados ‘reformistas’ y, en particular, con la Confederación Francesa de Trabajadores (CFDT).

Algunos puntos han seguido movilizando a sus oponentes, sobre todo la primacía que da a los acuerdos dentro de la empresa –siempre que se obtenga mayoría entre los representantes de los trabajadores– en detrimento de los convenios sectoriales.

Los sindicatos que se han opuesto consideran que esa medida supondrá un mecanismo de presión para rebajar las condiciones laborales. En ese nuevo marco de la empresa, se podrán fijar reglas sobre la organización del tiempo de trabajo o la remuneración de las horas extraordinarias.

Otro punto muy cuestionado es que las pequeñas y medianas empresas podrán alegar, para proceder a despidos, una serie de causas en relación con un deterioro de las condiciones de su actividad. Así, por ejemplo, las compañías de menos de 11 asalariados podrán acogerse a una caída «significativa» de sus encargos o de su facturación en un trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior.