Naiz
Madrid

El ministro español de Justicia se aferra a que el TEDH no habla de torturas a Portu y Sarasola

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha destacado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) no habla de torturas en la sentencia en la que condena al Estado español a indemnizar con 50.000 euros a Igor Portu y Mattin Sarasola por «trato inhumano y degradante». Ha subrayado que el dinero se descontará  que la condena impuesta a ambos presos.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en una imagen de archivo. (Marisol RAMIREZ/ARGAZKI PRESS)
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en una imagen de archivo. (Marisol RAMIREZ/ARGAZKI PRESS)

El TEDH ha condenado al Estado español a indemnizar con 30.000 euros a Igor Portu y con 20.000 euros a Mattin Sarasola por el trato «inhumano y degradante» que sufrieron cuando fueron detenidos en enero de 2008. Según la Corte europea, con sede en Estrasburgo, la actuación policial fue lo «suficientemente grave» como para merecer la condena.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Catalá ha indicado que esta sentencia evidencia que el sistema de garantías y el sistema de defensa de los derechos «ha funcionado, tanto en el sistema español como en el ámbito del TEDH».

«Por lo tanto, me parece que es un fortalecimiento de la esfera de los derechos de todos los ciudadanos, incluso de las personas que han cometido delitos gravísimos, delitos terroristas, también tienen lógicamente la máxima tutela judicial de sus derechos», ha manifestado.

El ministro de Justicia ha señalado que en este caso se producen «unas lesiones» por las que el tribunal  de Estrasburgo ordena indemnizar a ambos presos. «Insisto, no lo califica como torturas, atribuye al Estado español responsabilidad pecuniaria que habrá que descontar de la que ellos tienen pendiente por los gravísimos asesinatos por los que fueron condenados», ha explicado.

Dicho esto, Catalá ha insistido en que la valoración del Gobierno de Madrid es que se ha producido un «funcionamiento del sistema institucional, garantía de los derechos y tutela judicial de todos».