Con el juez Pablo Llarena cerrándose en banda a liberar a los nueve líderes independentistas presos en centros penitenciarios de Madrid, sus familias se están organizando en un frente común para pedir al Ministerio español de Interior su acercamiento a Catalunya, según publica el diario ‘Ara’.

Dictado el procesamiento por «rebelión», la fase de instrucción en esa causa ya casi se ha acabado y entienden que ya no hay motivo para mantenerlos recluidos en Estremera, Soto del Real y Alcalá-Meco para que puedan pasar a disposición del juez del Tribunal Supremo en cualquier momento.

Según este rotativo, el primero a dar el paso ha sido Jordi Cuixart, que ayer pidió el traslado a una prisión catalana, aunque está previsto que en los próximos días también lo pidan Oriol Junqueras, Raül Romeva y Josep Rull, como parte de una estrategia coordinada por el abogado especializado en derecho penitenciario Carlos García Castaño.

Todos ellos son padres de niños y niñas y consideran que, si no se admitiera la petición, se estarían vulnerando los derechos de los niños a relacionarse con el padre, reconocidos tanto por la legislación española como por las Naciones Unidas.

Este es el argumento principal de la petición de Cuixart registrada ayer en Instituciones Penitenciarias, que depende de Interior.

La defensa del líder de Òmnium entiende que los traslados constantes a la prisión de Soto del Real de su hijo, que solo tiene un año, afectan al menor porque la prisión tiene efectos psíquicos y emocionales.

La compañera de Cuixart, la periodista Txell Bonet, ya lo denunció en la sede de la ONU en Ginebra el mes pasado: «Mi niño de 11 meses y yo hemos viajado 22 veces para que pueda ver a su padre, a menudo solo detrás de un vidrio durante 40 minutos, con contacto físico solo permitido una vez al mes. Hemos recorrido ya 30.000 kilómetros».