La proposición, señala el sindicato en un comunicado, «incluye medidas de flexibilidad, diferencias retributivas al estilo de una doble escala salarial (se mantiene la compensación económica de las pruebas físicas para los policías actuales, eliminándolo para las nuevas incorporaciones), cobro de complementos injustificados, validaciones subjetivas para la permanencia en el puesto de trabajo y modificaciones unilaterales de los calendarios».

ELA considera que el referéndum realizado en diciembre de 2017 «no debe utilizarse como argumento favorable a la aprobación de esta proposición de ley», puesto que aquella votación se realizó «sobre un contenido totalmente impreciso y porque no participaron todas las personas afectadas», ya que «las policías locales fueron excluidas».

Por otro lado, ELA denuncia que la propuesta «no sirve para revertir las privatizaciones y recortes que la Consejería de Interior acometió en noviembre de 2017».

«Hay que recordar que se eliminaron servicios, se suprimieron grupos de trabajo y se sustituyeron policías forales por vigilantes de seguridad privada en la comisaría de Beloso, lo que en la práctica supuso retomar la misma política de los gobiernos de UPN en contra de los servicios públicos y en favor de empresas privadas», agrega.