La resolución, que ha sido respaldada únicamente por los socialistas, ha contado con la abstención de Izquierda-Ezkerra y el rechazo de Unión del Pueblo Navarro, PP, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos-Orain Bai.

La moción pretendía que el Ejecutivo redactara un nuevo texto que respetara los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional español en la sentencia que declara nula en su mayor parte la ley sobre reconocimiento y reparación de víctimas que hayan visto vulnerados sus derechos humanos por actos de motivación política.

Tras recordar que el fallo, del pasado julio, declara inconstitucional y nula gran parte de la ley, el PSN defendía en su iniciativa la elaboración de otra sin «justificar ni equiparar unas violencias con otras» y que permitiera fomentar la convivencia «sin generar frentismos».

Para los socialistas, la actual situación genera «un vacío legal» en el reconocimiento y reparación de determinadas víctimas que han visto vulnerados sus derechos humanos por razones de motivación política.

Juan Luis Sánchez de Muniáin ha justificado la oposición de UPN a la moción alegando «desconfianza en la intención y el uso partidario y perverso que hace este Gobierno», a lo que ha agregado que «nada cabe esperar de una nueva reedición de esta ley en manos de quienes, precisamente, se dedican a pervertir el objetivo».

Koldo Martínez, portavoz de Geroa Bai, ha trasladado la «profunda estupefacción y extrañeza» de su formación por considerar que, en vez de impulsar una proposición de ley, el PSN «abandona la tarea e insta al Gobierno de Navarra a elaborar un proyecto de ley».

También ha mostrado su «indignación» al subrayar que «parece que el PSN ha sucumbido a las ideas de la derecha», y ha asegurado que esta moción supone un «retroceso» en el posicionamiento de los socialistas sobre esta cuestión.

En nombre de EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha apostado por «buscar cauces jurídicos efectivos para reconocer a estas víctimas su situación», aunque ha criticado que en la moción socialista «parece que se apoyan los criterios políticos del PP».

En este sentido, ha advertido de que «ni siquiera el Tribunal Constitucional» emplea el argumento de «equiparar víctimas» para echar atrás la ley. Son los socialistas los que «ponen este tema sobre la mesa, cuando es algo que nadie ha puesto en tela de juicio cuando ha hablado sobre la ley», ha afirmado.

La parlamentaria de Podemos-Orain Bai Laura Pérez ha rechazado el principio de no equiparar a las víctimas porque «todas las víctimas y sus familias tienen que ser reconocidas por igual», y al respecto ha añadido que, «independientemente de quién sea el victimario o la víctima, toda persona tiene derecho a la verdad, justicia y reparación».

La portavoz del PP, Ana Beltrán, ha considerado que el PSN ha cometido «un error mayúsculo» al presentar la resolución y se ha preguntado «qué objeto» persiguen, punto en el que ha recordado que la anulada tenía como objetivo «reescribir la historia» y «blanquearla».

Por el contrario, José Miguel Nuin, portavoz de IE, se ha mostrado partidario de «seguir trabajando» para poder tener de nuevo una ley que «ampare a las víctimas de una violencia injusta e ilegítima, producto de grupos de extrema derecha o funcionarios públicos».