En un comunicado, el sindicato CAT de La Naval ha señalado que, tras las reuniones mantenidas con el Gobierno de Madrid y Gasteiz, existe «una coincidencia repetida de ambas instituciones», la de que «no se puede rescatar», en referencia al astillero privado «más importante del Estado, La Naval de Sestao», cuya dirección ha comunicado un ERE de extinción para toda la plantilla.

«Nuestra clase política estatal y vasca insiste en que la toda poderosa Bruselas, ojo que todo lo ve y controla y al que debemos pleitesía, no permite intervenir en un sector como el naval porque, de forma inmediata, esto se convertiría en ayuda fraudulenta», ha indicado, para señalar que, «cuando se pregunta a estos mismos políticos sobre los fundamentos jurídicos y técnicos de estas contundentes declaraciones, su respuesta más repetida vuelve a ser clara, corta, argumentada y convincente: no se puede».

CAT ha advertido de que este «no se puede» evidencia «la inexistencia de estudios de informes que avalen su sonora respuesta, y no se relaciona con las normas del tratado que se transgreden». Además, ha censurado que es «un eco de oído, sin rigor ni profundidad» y recuerda «a la gloriosa intervención en el sector de la construcción naval estatal en los tiempos de la Comisión de la Competencia de Almunia y su ataque al tax lease por los lobbies holandeses». «De aquellos polvos estos lodos», ha criticado.

CAT ha denunciado que las Administraciones, de esta forma, «se olvidan de los ciudadanos, de los trabajadores, de Ezkerraldea, una zona con las tasas de paro más altas de país constantemente castigada por decisiones políticas injustificadasç. En ese sentido, ha recordado que La Naval «emplea de forma directa e indirecta unos 4.000 trabajadores».

Para el sindicato, también demuestran que son unos representantes «llenos de complejos, inferioridades y carentes de valentía, muy al contrario de como actúan los franceses con Macron a la cabeza y su rescate de un astillero francés el pasado otoño». CAT ha dicho que les gustaría pensar que, «más allá del pos-turno político, de los mensajes huecos y mediáticos», la clase política estatal y vasca «se va a enfrentar con la única solución posible al problema de La Naval, su adquisición por un puñado de euros, con uno seria suficiente, en la fase de liquidación del concurso en que se encuentra el astillero».

Por último, ha recordado que, de los 177 empleados 150, el 85%, «tienen garantizado su continuidad dentro de una empresa pública, por lo que esta obligación ya la tiene el Gobierno estatal», y ha dicho que las instalaciones, «valoradas en 140 millones de euros, libres de carga, pueden volver a ser patrimonio del Estado y no de cualquier aventajado que seguro surgen en los próximos días». Por todo ello, ha reiterado su petición al Sánchez y Urkullu para no les vuelvan a decir «no se puede» y «hagan».