«Las sentencias de los tribunales están para acatarse y para cumplirse. Se podrán recurrir, en su caso, pero el Estado de Derecho funciona». Esta ambigua declaración hecha el domingo por el delegado del Gobierno español en la CAV, Jesús Loza, refleja la cautela con que Madrid encara las sentencias de Estrasburgo sobre la negativa a descontar condenas, que se da por seguro que serán favorables a los presos y expresos vascos y debería tener impacto sobre varias decenas más sometidos a la misma trampa legal.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional dijo también a Europa Press que abordarán el tema con calma. Asociaciones de víctimas presionan para que se recurra a la Gran Sala, lo que ya pasó con la «doctrina Parot», demorando el desenlace un año y cuatro meses más.

Todo puede depender de la contundencia que tengan las sentencias en su literalidad. Y no cabe olvidar que hay decenas de recursos más en trámite, por lo que si se cierra en banda Madrid se arriesgaría a una cascada de condenas y al descrédito consiguiente.

Los fallos que serán comunicados exactamente a las 10.00 se corresponden con los recursos de Francisco Mujika Garmendia, Santi Arrozpide, Alberto Plazaola y Kepa Pikabea. Sus casuísticas actuales son muy diferentes. Mujika está preso hace 26 años, en la actualidad en Zuera (Zaragoza). Arrozpide volvió a casa en agosto pasado tras casi 31 años, los últimos tres y medio impuestos corrigiendo una decisión judicial tras haber sido ya excarcelado.

Plazaola sí está libre tras ser liberado igualmente en diciembre de 2014, aunque tuvo problemas y llegó a ser detenido al pasar a territorio del Estado francés. Y en cuanto a Kepa Pikabea, es uno de los presos acogidos a la «vía Nanclares» y las últimas noticias, en febrero de 2017, apuntaban que podría salir a trabajar durante el día pero retornando a dormir a Zaballa.