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Colectivos sociales y de mujeres denuncian que Lanbide no ampara a víctimas de violencia machista

Colectivos sociales y de mujeres de Bizkaia se han concentrado ante la delegación del Gobierno de Lakua en Bilbo para denunciar que Lanbide, encargado de gestionar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y su Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), «continua reproduciendo un sistema patriarcal, donde castiga a las mujeres y replica las situaciones de desigualdad que se producen desde otros contextos, como es el caso de quienes han sufrido violencia machista y otros lugares, como es el caso de las trabajadoras de hogar».

Concentración de colectivos sociales y de mujeres.
Concentración de colectivos sociales y de mujeres.

Estos colectivos han denunciado que los criterios empleados por el Servicio Vasco de Empleo «continúan siendo arbitrarios y desproporcionados, haciendo un mal uso de la ley y dejando en situaciones de riesgo a muchas mujeres que en muchos casos cuentan con menores a cargo».

«En la actualidad, no solamente nos encontramos ante situaciones injustificadas de extinción de la prestación, sino que también esto está acarreando el reclamo de cantidades como cobros indebidos con carácter retroactivo por parte de este órgano, lo que está suponiendo un duro castigo para las mujeres, por lo que nos encontramos ante una doble discriminación hacia las mujeres, en especial las que vienen de situaciones de violencia», han destacado.

Los colectivos sociale han expuesto que, en 2018, el Ararteko ha resuelto en varios expedientes su desacuerdo con los motivos que Lanbide aplica para suspender la prestación, ya que se trataba de mujeres que no habían cumplido en un momento concreto alguno de los criterios establecidos por Lanbide, como consecuencia de situaciones de violencia o desigualdad. Además de esto, todas ellas contaban con menores a cargo, por lo que este departamento, como indica el Ararteko en sus resoluciones, «no ha tenido en cuenta el interés superior del menor».

Por otro lado, han denunciado que el Departamento de Empleo y Políticas Sociales «continúa haciendo caso omiso a la constante vulneración de derechos que se produce en las oficinas de Lanbide hacia las mujeres que sufren violencia: malos tratos, agresiones, discriminación laboral, precariedad y pobreza».