Tras hora y media de reunión, los magistrados han desestimado las solicitudes de recusación que ocho encusados presentaron contra el presidente de la Sala de lo Penal así como la petición del líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que extendió la solicitud a todo el tribunal.

Estos son Antonio del Moral, Luciano Varela, Juan Ramón Berdugo y Andrés Martínez Arrieta, Ana María García Ferrer y Andrés Palomo.

El contenido íntegro del auto se conocerá en los próximos días.

Se trata de la segunda vez en la que esta Sala especial del TS rechaza los incidentes de recusación que han planteado los encausados a lo largo del procedimiento; ya lo hizo el pasado mes de setiembre, cuando tumbó las peticiones de los procesados.

Las recusaciones se presentaron tras la revelación del contenido de un mensaje que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, remitió a un grupo de chat de su grupo parlamentario afirmando que con la elección de este como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) permitiría controlar «desde atrás» a la Sala que enjuiciará el caso por el referéndum de Catalunya.

Según las defensas de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell y de la exintegrante de la Mesa del Parlament Anna Simó, el contenido de estos mensajes evidenciaría la falta de imparcialidad de Marchena en este asunto. Cuixart había ampliado esta falta de imparcialidad al resto de miembros de la Sala.

Esta Sala especial la integran el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, los presidentes de cada una de las cinco salas de este órgano y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas, si bien en la sesión de este miércoles solo han estado 14 magistrados al ausentare Marchena y el magistrado más antiguo de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta por ser igualmente miembro del tribunal enjuiciador. El ponente del auto será Jacobo Barja de Quiroga.

Los recurrentes argumentaban en su incidente de recusación que del whatsapp enviado a los senadores del PP y de varias noticias publicadas, se deduce que Marchena «habría prestado inicialmente su conformidad» al pacto alcanzado para el PP y PSOE para que fuese elegido como el próximo máximo representante del Poder Judicial.

«De ser cierto su contenido, pondría en clara evidencia la inequívoca coincidencia de intereses entre el señor magistrado y el Partido Popular, hasta el punto de haberse acordado su presidencia para que actuase como correa de transmisión de los designios de dicha formación política en el Consejo General del Poder Judicial y como medio de control en la sombra de la Sala Segunda del Tribunal Supremo», explicaba el escrito.

Por el contrario, la presentación de recusaciones fue calificada por Marchena en su escrito de alegaciones a este incidente procesal como «una estrategia defensiva» que obliga a ese tribunal a «razonar su distanciamiento respecto del objeto del proceso». En su caso, Marchena aduce que no puede aceptarlas y afirma que el mensaje telemático sobre el que se sustentan procede de una tercera persona.

«La imparcialidad de un magistrado ha de vincularse a sus propios actos o resoluciones –subrayaba Marchena en su escrito–. No puede hacerse depender de la opinión de terceros que expresan su personal criterio acerca de las consecuencias políticas de un determinado pacto entre dos fuerzas parlamentarias».