«Pedís una sola cosa a los que hacemos política: nos pedís unidad», ha indicado Puigdemont durante el acto de presentación celebrado en el teatro KVS de la capital belga, en el que también ha participado su sucesor al frente de la Generalitat, Quim Torra.

Puigdemont, exiliado desde finales de octubre de 2017, ha subrayado que hay un «clamor de unidad que recorre Catalunya» y que debe ser escuchadom puesto que de otro modo se perdería «todo lo que conseguido hasta ahora» por el soberanismo, «que es mucho».

«El Consell per la República da un espacio para conjugar esta diversidad estratégica, una espacio diverso, lo más diverso posible, lo más plural posible, porque la pluralidad también es imprescindible», ha defendido.

Puigdemont ha insistido asimismo en que este organismo, constituido jurídicamente en Bélgica, permitirá además ser «más libres» con respecto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución española y eliminará «límites» a su «campo de actuación».

«En un contexto en que las otras instituciones están en libertad vigilada, con restricciones financieras y competenciales, el Consell per la República puede hacer aquello que nuestras instituciones no pueden hacer», ha añadido.

Más de 40.000 personas inscritas

El evento ha servido además para presentar los próximos pasos de esta organización, que echó a andar el 30 de octubre con una presentación en el Palau de la Generalitat, y la apertura de un «registro ciudadano» que ya tiene más de 40.000 inscritos.

Estos podrán participar en la elección de una «asamblea ciudadana», que tendrá entre 100 y 150 miembros, en una votación que se convocará en un plazo mínimo de seis meses y máximo de un año o cuando el registro alcance el millón de personas.

La asamblea estará compuesta con una parte de parlamentarios, alcaldes y regidores catalanes, y se encargará de elegir al presidente del Consejo, el órgano ejecutivo.

Por su parte, Quim Torra ha llamado a «hacer efectiva» la autodeterminación que los ciudadanos apoyaron el 1 de octubre y ha denunciado la represión que ejerce el Estado español en Catalunya.