La vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, y los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Fomento, José Luis Ábalos, han enviado cartas a los respectivos consejeros catalanes en las que piden explicaciones por «las graves alteraciones de orden público y seguridad del tráfico» del pasado fin de semana, cuando los Comités de Defensa de la República (CDR) cortaron el tráfico en la AP-7 y levantaron las barreras de los peajes en otras autopistas.

La más dura y directa ha sido la remitida por Grande-Marlaska al conseller de Interior, Miquel Buch, máximo responsable de los Mossos. El ministro le advierte de que el Gobierno español «ordenará la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando proceda y en términos de proporcionalidad y necesidad» si la Policía catalana no ejerce «las funciones que constitucional, estatutaria y legalmente le incumben».

También la número dos del Gobierno de Pedro Sánchez recuerda que es «obligación» del Ejecutivo «evaluar los posibles incumplimientos del ordenamiento jurídico» que se hayan producido por esta «dejación de funciones» por parte de la Generalitat.

«Dejación de funciones»

«Aparentemente ha existido una dejación de funciones que tiene atribuidas ese gobierno, con consecuencias tanto de carácter económico y social como para la seguridad pública», advierte Calvo en la misiva remitida al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés (ERC), difundida por el Palacio de la Moncloa, al igual que el resto de misivas.

«A estos efectos, sin perjuicio de otros requerimientos en curso sobre actos concretos y sus posibles responsabilidades, te solicitamos que nos aclares lo sucedido, en especial respecto a la actuación de los mossos ante los altercados ocurridos en algunos puestos de peaje», escribe Calvo a Aragonés, horas después de anunciar que la «inadmisible inacción» de la Generalitat ante estos hechos tendrá «consecuencias» por parte del Gobierno español, que tomaría medidas.

En la misiva remitida por Grande-Marlaska, el responsable de Interior explica que el corte de la AP-7 durante 15 horas y los levantamientos de las barreras de peajes en otras autopistas a su paso por Catalunya constituyen «una grave perturbación del orden público y de la seguridad del tráfico, con riesgo para personas y bienes».

Si Calvo habla en su carta de una «aparente» dejación de funciones, Grande-Marlaska afirma que las imágenes grabadas dejan constancia de que los Mossos, aún hallándose en el lugar de los hechos, no ejercieron su función de «garantizar el mantenimiento del orden público, la seguridad del tráfico, la libertad de desplazamiento de los ciudadanos y la normal gestión de las autopistas de peaje por parte de la empresa concesionaria, con los consiguientes perjuicios».

El ministro le recuerda al conseller que el artículo 104.1 de la Constitución española establece que «las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin excepción, tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, misión que desempeñan bajo la dependencia del Gobierno de la Nación, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas».

«Y precisamente porque la tutela de esos bienes jurídicos no admite supuestos de inacción por parte de la Administración competente, la ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artículo 38.2 c) prevé los supuestos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando lo estimen necesario las autoridades estatales», argumenta.

De ahí que Marlaska requiera al conseller que ante acontecimientos que supongan «tan graves alteraciones del orden público y de la seguridad del tráfico» como los acaecidos el fin de semana, «se dicten las instrucciones necesarias a fin de que la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra ejerza las funciones que constitucional, estatutaria y legalmente le incumben».

«En caso contrario, por exigencia de la superior responsabilidad en el mantenimiento de la preservación del libre ejercicio de los derechos y libertades y del mantenimiento de la seguridad ciudadana que corresponde al Gobierno, se ordenará la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando proceda y en términos de proporcionalidad y necesidad», advierte Marlaska.

Ábalos pide diligencia

También el titular de Fomento, José Luis Abalos, ha dirigido una carta al conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damiá Calvet, expresando su «más profundo malestar» por los citados sucesos, que «dañan la imagen tanto de España como de la comunidad autónoma de Cataluña y, en particular, de las instituciones que la representan».

«Te recuerdo que, en el marco competencial vigente, corresponde a la Generalitat promover las acciones que permitan el pacífico y ordenado uso de las infraestructuras. Confío en que no se vuelvan a producir situaciones o hechos similares, y que se garantice la libre circulación de personas y mercancías, tal como ampara el ordenamiento tanto constitucional como europeo», señala Ábalos.

En un tono más conciliador que el de Marlaska, el titular de Fomento y secretario de Organización del PSOE ofrece al conseller del PDeCat la colaboración del Gobierno español en todo lo que pueda precisar a ese respecto. Eso sí, advierte Ábalos, «todo ello sin perjuicio de que se adopten las medidas necesarias para que las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que puedan presentar los afectados por la actuación de los responsables directos de los hechos se tramiten con la mayor diligencia».