El proyecto de ley fue aprobado por el Ejecutivo después de que el Gobierno español autorizara estas inversiones y no los 113 millones que había previsto con cargo al superávit de 2017, año en el que Nafarroa incumplió la regla de gasto y de ahí la limitación que ha puesto ahora el Estado.

En defensa de la ley, el consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, ha recordado que el superávit se quería destinar a gastos extraordinarios, algo que desde el Estado «en principio no se nos dijo que no» pero que «ha sido imposible conseguir» tanto con el Gobierno del PP como con el del PSOE.

Fue en los Presupuestos del Estado aprobados en junio cuando se incluyó una disposición «con cierta flexibilización en la regla de gasto, habiendo superávit, para inversiones financieramente sostenibles» y, ha precisado, «ahí vimos una oportunidad» aunque «no era la voluntad inicial».

Y es que, ha puntualizado, «en ningún caso se trata de un acuerdo sino de una autorización unilateral» por incumplir la regla de gasto en 18 millones de euros y «con condiciones muy estrictas» en estabilidad financiera y presupuestaria, y así «se nos dijo que la autorización no podía ser superior a estos 35,5 millones».

«Su nefasta gestión hace que Navarra pierda 78 millones de inversión y que se generen unas expectativas que luego no se cumplen», ha dicho al Gobierno el portavoz de UPN, Javier Esparza, quien ha apoyado las inversiones pero ha dudado que sea posible ejecutarlas este año.

Para el regionalista, el Ejecutivo navarro «vive de la propaganda y el engaño», un engaño que alcanza a su juicio incluso a los socios de Gobierno, y como ejemplo ha puesto la ley foral para invertir 113 millones defendiendo que «Navarra no necesita autorización cuando siempre han sabido que sí».

«Mienten a diario y además sin sonrojarse porque han perdido todo sentido de la vergüenza, no es lo mismo predicar que dar trigo y su incoherencia no conoce límites: toda una vida declarándose insumisos al Gobierno de España y criticando a UPN por cumplir la legalidad y ¿ahora qué?», ha reprochado.

Jokin Castiella, de Geroa Bai, ha defendido por el contrario que «la culpa en gran medida está en UPN» por «una gestión sin rigor», ya que «no fue capaz» de pactar con el Estado la actualización del Convenio Económico para recuperar 238 millones pagados de más.

Algo que, ha subrayado, sí hizo en 2017 el gabinete de Uxue Barkos y de ahí un superávit que sirvió para «amortizar deuda contratada por el Gobierno de UPN» y ahora para inversiones en banda ancha y obras del plan de infraestructuras locales por 35,5 millones «que a mí también se me quedan cortos» frente a los 113 que UPN «no apoyó».

Reto a UPN

Por EH Bildu, Adolfo Araiz ha admitido que esta ley «llega tarde» pero «al menos se han rescatado 35,5 millones del interés que alguno tenía de que no se gastase nada», y ha lamentado que Nafarroa «no sea dueña de su destino» por unas normas «draconianas» que «UPN apoyó», como la regla de gasto que sin embargo «incumplió sistemáticamente».

Por eso ha invitado a los regionalistas a aprobar una enmienda in voce que eleve las inversiones a 113 millones de euros si «hay valentía política» para un «acto de insumisión al Ministerio de Hacienda», porque «esto de bilateral nada, es un ordeno y mando, con una interpretación además restrictiva».

La socialista María Chivite ha puesto en valor las gestiones del PSN en Madrid para «intentar empujar» y defendido unas inversiones «con el cumplimiento de la legalidad», porque «no estaban diciendo la verdad», se incumplió la regla de gasto y hoy la deuda per cápita de Nafarroa «es 600 euros más» que la heredada en 2015, «así que de buena gestión nada».

Desde el PP, Ana Beltrán ha apoyado las inversiones pero se ha mostrado satisfecha de que el Gobierno español «ponga el cascabel al gato, porque les ha vuelto a dejar en ridículo», y ha criticado que el Ejecutivo navarro «incumple» la ley y utiliza el dinero «en una red clientelar».

José Miguel Nuin, de I-E, ha afirmado que Pedro Sánchez y el PSOE «ni sienten ni padecen» y así «hubiéramos acabado 2018 con regla de gasto, regla de gasto», y con el superávit para amortizar deuda, algo que se ha evitado pese a la ley de estabilidad apoyada por UPN y PSOE y a la Nafarroa «arruinada» que «dejó UPN».

En contra de la ley, Laura Pérez, de Podemos-Orain Bai, ha apostado por «un voto consecuente», por «defender el autogobierno y la soberanía parlamentaria», pero «claudicamos», y por el acuerdo programático, «contrario a que se anteponga el pago de la deuda a las necesidades sociales».