En una nota, los grupos suscribientes han recordado que el Tribunal Constitucional español suspendió cautelarmente y posteriormente anuló a finales de julio de 2018 la anterior Ley Foral que, sobre el mismo asunto, aprobó en 2015 el Parlamento de Nafarroa.

La decisión judicial fue en su día rechazada «rotundamente» por los hoy firmantes por dejar a estas víctimas «absolutamente desamparadas» y porque, aun reconociendo su derecho a la reparación y reconocimiento, «la sentencia, de facto, negaba el derecho a la verdad», por lo que los cuatro grupos se comprometieron a analizar todas las vías posibles para hacer efectivos sus derechos.

La proposición de ley ahora presentada es, por tanto, «resultado del consenso alcanzado a lo largo de estos meses», dicen tras mostrarse «conscientes de que el texto nace con una carencia fundamental, que es la impuesta por la doctrina del Constitucional, que impide avanzar en el derecho a la verdad y la asunción de responsabilidades».

Se trata de «una doctrina y un impulso político al que también responde, en nuestra opinión, la anulación por parte del TSJN de la subvención del Gobierno de Navarra a equipos universitarios para realizar estudios e informes sobre las torturas y otros hechos violentos provocados por grupos de ultraderecha o funcionarios públicos», lamentan.

Por ello, y en un contexto donde «las limitaciones» para sacar a la luz la existencia de este tipo de hechos y de estas víctimas son «cada vez mayores», los cuatro grupos creen «más necesario que nunca dar un paso adelante y abrir un camino para intentar superar los obstáculos impuestos».