El exmagistrado Baltasar Garzón considera que el presidente del tribunal que juzga a los líderes independentistas catalanes en el Supremo, Manuel Marchena, «quizá está interactuando demasiado tratando de reconducir a unos límites» las declaraciones de los testigos en el juicio que, en su opinión, «en algunos casos no serían exactamente los adecuados» y «pueden ser problemáticos» de cara a un recurso.

En una entrevista con Europa Press al hilo del lanzamiento de su último libro, 'No a la impunidad. Jurisdicción universal, la última esperanza de las víctimas' (Ed. Debate), Garzón se refiere así a decisiones de Marchena como restringir la temática del interrogatorio de un testigo a la que haya planteado la parte que ha propuesto su comparecencia.

Las intervenciones de Marchena, con una labor de control muy férreo de la vista oral, ya han sido cuestionadas en Catalunya. Y las defensas tienen claro que acudirán a Estrasburgo si hay condenas en todo el ciclo judicial español (faltaría luego pasar por el Constitucional). Es posible por tanto que Garzón tenga razones para dar este aviso. Y es probable igualmente que tenga en mente un precedente que ha preferido no evocar, pero que conoce muy bien: la condena reciente al Estado español por el «caso Bateragune», en el que el Tribunal Europeo ha determinado que el juicio que sufrieron Arnaldo Otegi y sus compañeros «no fue justo».

Tampoco hay excesivas dudas de que la entonces presidenta del tribunal de la Audiencia Nacional, Ángela Murillo, tuvo una actuación bastante más impertinente y parcial que la que hasta ahora ha mostrado Marchena en esta vista oral. De hecho, para cuando se le encomendó dirigir aquella vista ya se le había revocado una condena anterior a Otegi debido a sus impertinencias.

«Judicialización errónea»

Pero Garzón va un poco más allá todavía y considera que «la judicialización del 'procés' ha sido un error y no tenía por qué haberse producido». Si bien esto «no quiere decir que no haya hechos delictivos que perseguir», él no cree que se hayan dado ni los de rebelión ni los de sedición que sostienen las acusaciones y cree que se comprobará «al final del camino».

«El Parlamento Europeo se va a pronunciar, las instituciones europeas se tienen que pronunciar, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea probablemente también va a tener que pronunciarse y el Tribunal de Estrasburgo seguro que también. Hemos generalizado un problema que nunca debería haber trascendido las fronteras españolas», alerta Garzón.

Y aquí es inevitable volver de nuevo a «Bateragune», porque fue Baltasar Garzón quien forzó las detenciones de noviembre de 2009 que dieron pie a las condenas posteriores y a los más de seis años de cárcel indebidamente aplicados a Arnaldo Otegi, Sonia Jacinto, Arkaitz Rodríguez, Miren Zabaleta y Rafa Díez. Tampoco esto lo ha traído a colación el exjuez, que ciertamente años después hizo autocrítica pública de aquella operación, destinada a intentar impedir el giro estratégico de la izquierda abertzale y por tanto fracasada políticamente.

Sería interesante que Marchena ejerciera derecho de réplica contra Garzón, pero su papel actual en el juicio al «procés» se lo impide. En cualquier caso, el axioma de que en un campo de batalla no hay cosa más desagradable que el fuego amigo se cumple en los tribunales españoles.