@Maite_Ubiria

Alarde militar y batería de sanciones para hacer palidecer la protesta amarilla

El acto XIX del movimiento de Chalecos Amarillos ha sido planteado como un nuevo test por el Gobierno francés. El presidente Emmanuel Macron rompía esta semana uno de los últimos tabúes al facultar al Ejército para desarrollar labores de seguridad interior fuera del marco de la «lucha contra el terrorismo». Ello tras restrigir el derecho de manifestación y abultar las sanciones por acudir a protestas no autorizadas. Pese a la movilización a la baja, el resultado del test puede ser un falso positivo.

Protesta de los chalecos amarillos en París. Kenzo TRIBOUILLARD | AFP
Protesta de los chalecos amarillos en París. Kenzo TRIBOUILLARD | AFP

Aunque los balances que aporta la Policía a cada sábado de protesta son sistemáticamente cuestionados, el relevo al frente de la Prefectura de la Policía parisina justifica en esta ocasión escrudriñar la cifra. Según este recuento oficial, a media jornada de hoy, unas 3.000 personas habían secundado la protesta de los Chalecos Amarillos. Es decir, según la misma fuente, 7.000 menos que el sábado anterior, cuando los desórdenes ocurridos al final de la protesta incendiaron literalmente los Campos Elíseos, fundiendo de paso el fin de semana en la nieve de Emmanuel Macron.

La cifra puede interpretarse, y así lo harán los medios oficiales, como un signo evidente de debilitamiento. Con todo, cuando un movimiento es capaz de persistir en la movilización desde hace ya cuatro meses esas consideraciones son todo menos una verdad irrefutable.

A lo sumo podría decirse que, a la vista de las movilizaciones que han tenido lugar durante la mañana en París, el nuevo prefecto, Didier Lallement, ha cumplido su misión de blindar las zonas sensibles de la capital. Cuestión diferente es el precio que la sociedad hexagonal ha debido de pagar, en términos de costo militar pero también de desgaste de libertades, para evitar que la «avenida más bella del mundo» se inflamara un sábado más.

Aunque finalmente el gobierno se ha ahorrado la imagen de los efectivos de Sentinelle -según dice, han actuado en segunda línea- en las calles, los Campos Elíseos han sido blindados y los manifestantes que se han acercado han sido desalojados, con lo que finalmente los más motivados se han dirigido hacia un recorrido alternativo, en dirección al Sagrado Corazón.

En este sentido, puede decirse que las prohibiciones, los perímetros, los filtrados y los cierre parciales de estaciones de Metro, junto con las amenazas de multas más abultadas, han dado su resultado.

De lo narrado hoy en las redes sociales por actores del movimiento de Chalecos Amarillos, cabe deducir que la presión policial ha hecho desistir a no pocos ciudadanos de volver a la calle. Ello sin obviar la fuerte confusión sobre los cortejos alternativos, a la que ha contribuído el reguero de falsas noticias sobre multas o bloqueos infranqueables.

15 ciudades

Fuera de París, la restricción del derecho de manifestación ha afectado a 15 urbes, entre ellas aquellas en las que los Chalecos Amarillos mantienen una dinámica movilizadora más intensa. Caso de Burdeos, Toulouse y Niza. En esta última ciudad se han producido encontronazos con la Policía y ha habido media docena de arrestos. La tensión también ha estallado en Nantes y en Montpellier.

Entonando consignas como “Estamos aquí aunque Macron no lo quiera”, unas 1.500 personas lograban completar una marcha tranquila en Toulouse, eso sí por un recorrido alejado del Capitolio.

Ese lema es más que útil para plantear una cuestión evidente, porque por más que la asfixiante presencia uniformada pueda salvar un balance oficial -siempre a la espera de cómo se cierren las protestas vespertinas- ello no despeja el interrogante principal.

Digamos que con un arsenal de guerra y una fuerte propaganda bélica se puede conseguir que no salten algunas vitrinas -y, de paso, silenciar con tanto barullo el balance de las violencias policiales- pero cosa distinta es que, por sí solo, ese mecanismo sirva para encontrar la salida a un cuestionamiento social y, por extensión, de la gobernanza política, al que Macron sigue sin dar respuestas convincentes.